Gallardón no sabe con quién se mete. Esta ley la vamos a parar

Sandra Ezquerra | El pasado 20 de diciembre el gobierno español del Partido Popular presentó el anteproyecto de la “Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”. Como ha venido denunciando el movimiento feminista y amplios espectros de la izquierda desde entonces, en caso de aprobarse, la nueva ley significaría el retroceso más importante en materia de derechos sexuales y reproductivos en el Estado español desde la dictadura franquista.

La más retrógrada de tres reformas en 30 años

Sería también el tercer cambio en la legislación del aborto que se realiza en los últimos treinta años. El primero se dio con la ley del 1985, aprobada durante el gobierno del PSOE tras su paso por el Tribunal Constitucional, la cual mantenía la interrupción voluntaria del embarazo en el Código Penal y sólo la permitía en caso que se dieran tres supuestos y con unos plazos determinados: violación hasta las 12 semanas, malformaciones del feto hasta las 22 semanas y riesgos para la salud física y psíquica de la mujer sin límite de tiempo. A pesar de que esta ley supuso una mejora respecto a la penalización absoluta anterior, el movimiento feminista en el Estado español ha continuado reivindicando desde entonces el aborto libre y gratuito. Es decir, su despenalización total y su realización vía el sistema de la sanidad pública sin ningún tipo de coacción ni impedimento. 25 años tardó el PSOE en escuchar estas demandas y sólo las escuchó a medias. Mal y tarde, en 2010 se aprobaba una nueva ley que establecía un plazo de 14 semanas durante el que las mujeres podían interrumpir un embarazo sin aducir supuesto alguno. En caso de malformaciones fetales o de peligro para la salud de la mujer, ésta podía obtener autorización para interrumpir el embarazo hasta la semana número 22. Además de mantener el aborto en el Código Penal, el PSOE no osó contrariar a la derecha española en lo que respecta a la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales de la sanidad pública, impidió que las mujeres menores de 18 años pudieran acceder a una interrupción sin el conocimiento de sus padres e, impuso, entre otros obstáculos, un período de reflexión de tres días entre el momento en que la mujer accedía a un médico y la realización del aborto. Acto seguido el Partido Popular recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional, donde todavía se encuentra.

Tras su llegada al poder en el año 2011, así como la investidura de Alberto Ruiz Gallardón como Ministro de Justicia, el Partido Popular aseguró que volvería a cambiar la ley durante la primera mitad de su legislatura. Desde entonces han sido numerosas las declaraciones Gallardón en las que aseguraba que la “maternidad era lo que hacía a las mujeres verdaderamente mujeres” (sic) y prometía acabar con la ley anti-vida del PSOE. Han sido dos años plagados de rumores y de opacidad en lo que concierne a esta ley. Durante este tiempo el gobierno ha lanzado varios globos sonda en los que insinuaba que se proponía volver a la legislación del 85 pero eliminando el supuesto de malformación. Lo hacía aduciendo la no discriminación entre fetos de primera y de segunda y reclamando que la presencia de diversidad funcional no es motivo legítimo para impedir que un ser humano nazca. Mientras tanto, por supuesto, recortaba sin cesar todo tipo de ayudas y servicios sociales, incluyendo le recién nacida ley de dependencia y otras prestaciones a la autonomía restringida. Durante este tiempo desde el feminismo nos hemos temido lo peor. Y, a pesar de ello, de nuevo la realidad ha superado nuestras peores pesadillas.

Según la información que el gobierno ha hecho pública hasta el momento, la nueva ley eliminaría las 14 semanas de “aborto libre” y sólo permitiría la interrupción voluntaria del embarazo en dos casos: cuando la mujer haya sido violada, sólo durante las primeras 12 semanas y siempre y cuando haya presentado denuncia previa. Aunque aún está por ver cómo quedaría finalmente el texto, se deberá demostrar también que tener un hijo o hija fruto de la violación crearía peligros para la salud física o psíquica de la mujer. Se pone de este modo la carga de la prueba sobre la mujer, quién no sólo tiene que “hacer lo correcto y acudir a la policía” sino además demostrar el perjuicio que un parto fruto de una violación le produciría. El segundo supuesto es el de riesgo de la salud física o psicológica de la mujer, en cuyo caso se podría acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 22 semanas. Desaparece, de esta manera, el supuesto de malformación fetal, el cual solo podría ser aducido en caso que las anomalías fueran incompatibles con la vida y sólo si esa “presión insoportable”, tal y como la define Gallardón, fuera inasumible psíquicamente por la mujer. En caso de que la malformación fuera descubierta tras el período de 22 semanas se debería realizar un parto inducido. Estas cuestiones, además, deberán ser constatadas por dos especialistas distintos: uno que diagnostique la malformación del feto y otro que analice psicológicamente los daños que puede sufrir la mujer embarazada. Los dos profesionales, a su vez, no podrán trabajar en el mismo centro donde se realice la interrupción del embarazo.

Por otro lado, en cualquiera de los dos supuestos permitidos la mujer deberá someterse al proceso de “consentimiento informado, libre y válidamente emitido”. Ello incluye la participación de los padres en la decisión de las menores de edad, así como un período de reflexión que pasa de ser de  tres a siete días tras haber sido informada sobre “sus derechos, ayudas, opciones asistenciales, información clínica y alternativas al aborto”.

El anteproyecto, de esta manera, restringe el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo más aún que la antigua normativa de 1985. No sólo elimina el supuesto de malformación fetal sino que impone múltiples obstáculos para poder acceder al de riesgo para la salud de la mujer. Abre la puerta a la objeción de conciencia de cualquier profesional que deba participar en la intervención sin regularla ni limitarla y, por supuesto, inaugura la veda para que el aborto clandestino o los viajes a países donde pueda ser realizado de manera legal vuelvan a estar a la orden del día.

Oposición masiva al anteproyecto de ley

Las voces aparecidas contra esta propuesta de ley son muy numerosas y van desde el movimiento feminista hasta los y las profesionales de la salud y múltiples sectores de la izquierda. De hecho, las disonancias han empezado a sonar incluso dentro del Partido Popular. La reforma propuesta constituye sin duda uno de los ataques más graves, si no el más grave, a los derechos de las mujeres desde la dictadura franquista, sin ser fruto además de ningún consenso ni demanda social. El PP cumple de este modo sus peores amenazas contentando de paso a los sectores más conservadores y recalcitrantes de la Iglesia Católica española.

Es imposible predecir hasta qué punto Gallardón acelerará la aprobación de la ley o buscará apoyos. Por un lado, el PP tiene mayoría absoluta en el congreso y eso le permitiría imponerla como lo ha hecho con otras múltiples (contra)reformas y recortes de derechos. Por el otro, desde que se hizo público su contenido, la ley ha recibido enormes y numerosas críticas y cada vez está más claro que carece de apoyo más allá del ala más dura del Partido Popular. Habrá que ver hasta qué punto el sector más liberal es capaz de mojarse y romper la disciplina interna o se contenta con ser “minoría silenciosa” o también hasta qué punto el propio gobierno se mantiene firme ante las críticas que le siguen lloviendo desde todos los rincones del Estado e incluso a escala internacional. Habrá que ver también cuánto tardan los trámites parlamentarios para su aprobación y hasta qué punto el Partido Popular se quiere ver relacionado con esta ley en plena campaña electoral para las elecciones europeas en mayo.

Esta ley hay que pararla

A pesar del oportunismo con el que el PSOE está criticando la reforma, es indudable que nos encontramos en un momento en que resulta imprescindible construir un movimiento amplio que le oponga su rechazo absoluto y que tenga como objetivo irrenunciable paralizarla. El conjunto de la izquierda debería poner de una vez por todas esta cuestión en el centro de su agenda política y los movimiento sociales deberían dar todo su apoyo al feminismo y responder a sus llamadas de complicidad y solidaridad. Estoy absolutamente segura que si conseguimos unir fuerzas podemos poner al gobierno en jaque. Podemos y debemos hacerlo.

Eso no significa que debamos estar de acuerdo en todo. De todos los cambios que introduce la reforma, el que más titulares ha ocupado en las últimas semanas ha sido el de la eliminación del supuesto por malformación. En este sentido, aunque no dudo en ningún momento que supone un terrible acto de crueldad e hipocresía por parte de un gobierno que excluye y condena al olvido a los sectores más frágiles de nuestra sociedad, cada vez tengo más dudas sobre si éste ha de ser el punto de mira del feminismo radical y anticapitalista. ¿Hasta qué punto ser obligada a tener un hijo con graves malformaciones es peor que ser obligada a tenerlo por cualquier otro motivo? Si una mujer considera que su situación personal, económica o cualquier otra le impide (querer) ser una (buena)  madre, ¿hasta qué punto es legítimo obligarla entonces? ¿Hasta qué punto es más cruel eliminar el supuesto por malformaciones que impedir que las mujeres lesbianas y madres solas puedan acceder a la reproducción asistida como legisló el Partido Popular el verano pasado? ¿Hasta qué punto hay momentos en que es menos malo tutelar, controlar y criminalizar nuestros cuerpos y otros en que es peor?

Quiero pensar, y pienso, que muchas de las cosas que el Estado (o la Iglesia) intentan regular a golpe de prohibición en realidad se regulan solas, mediante el sentido común. Insisten en los supuestos para evitar que las mujeres aborten a su antojo. Pero en realidad  lo que pretenden es seguir teledirigiendo nuestros cuerpos y voluntades desde púlpitos, hospitales y tarimas a base de leyendas urbanas. Sin embargo, ¿quién aborta por capricho? ¿Realmente alguien conoce a alguna mujer que lo haya hecho? Insisten también en poner plazos para evitar los abortos en el octavo mes. Pero lo cierto es que muy pocas mujeres abortan en estados avanzados del embarazo y, desde mi absoluta confianza en la inteligencia humana, estoy segura que las pocas que lo hacen lo deben hacer por una buena razón. La mayoría de ellas abortan pocas semanas después de quedarse embarazadas y no me corresponde ni a mí, ni a un juez, ni a un cura, ni a un médico ni a un político, confirmar que su motivo,  momento o estado mental sean los indicados. Lo que nos corresponde a todos y a todos es deshacernos de los silencios, mentiras, hipocresías, tabúes y dobles morales que tanto tiempo llevan cerniéndose sobre la sexualidad en nuestro país y conseguir que nuestras y nuestros jóvenes tengan acceso a una educación, información y cultura sexual y reproductiva que garanticen que sus decisiones sean saludables, responsables, basadas en el conocimiento y respetuosas. Trabajemos para eso y para que no tengan que plantearse nunca qué les haría, en caso de tener que dar marcha atrás, el PSOE, Rouco Varela o Gallardón.

Gallardón no sabe con quién se ha metido. Esta ley la vamos a parar.

Traducción al catalán aquí y al inglés aquí

El feminismo a la ofensiva: pentálogo provida

Sandra Ezquerra | Público  El debate político y mediático de las últimas décadas en torno al aborto ha ido acompañado de una creciente apropiación monopólica de la defensa de la vida por parte de la derecha y una interesada contraposición de ésta a la reivindicación del feminismo del derecho a decidir. Si bien las feministas nos hemos defendido de la sibilina acusación de egoístas y/o infanticidas por parte de la maquinaria católica y sus profanos fieles, cabe reconocer que nuestros intentos de cuestionar la defensa de la vida como quehacer exclusivo de la derecha han dado hasta el momento escasos frutos: por muy antielección que sean, los antielección son por todo el mundo conocidos como provida y, por muy provida que sea, el feminismo sigue siendo identificado como proaborto.

Sin embargo, además de calculadamente polarizante, esta lógica es falsa. El feminismo defiende la vida. Siempre lo ha hecho. Y es por ello que en un momento en que los galanes de la moral tradicional salen de sus madrigueras para cargar de nuevo contra el derecho a decidir y la libertad; en un contexto donde recortes y cavernas se conjuran para resucitar la moda de la mujer sumisa y abnegada, resulta más estratégico que nunca reivindicar el feminismo como profundamente provida y desencorsetarse del armazón semántico que se nos ha impuesto desde fuera. Un pentálogo del feminismo provida no sólo refuerza la reivindicación de la libertad y la autonomía femenina como elementos claves de la lucha de las mujeres, sino que además, en un momento en que la derecha vuelve a embestir contra las mujeres criminalizándonos y despojándonos de derechos, propone y argumenta nuestra reapropiación de la vida como principio y camino emancipador. He aquí una primera propuesta:

1. El feminismo defiende el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo de manera segura. Tal y como advierte la Organización Mundial de la Salud, la penalización del aborto sólo provoca más mortalidad materna y, en estos momentos, 47.000 mujeres mueren cada año en el mundo por interrumpir su embarazo de forma clandestina y el 13% de las muertes maternas se deben a un aborto inseguro, la mayoría en países con legislaciones restrictivas al respecto. El número de interrupciones voluntarias del embarazo no disminuye cuando se endurecen las leyes, pero los abortos inseguros sí aumentan. Es en memoria de todas las mujeres que al intentar ejercer su derecho a no tener un hijo se han encontrado en situaciones insalubres, han sufrido riesgo de muerte o han fallecido por lo que el feminismo es provida.

2. El término aborto inseguro y clandestino, según la ONU, no sólo se refiere a riesgos para la salud o la vida de la mujer, sino también a la negación a las mujeres del derecho a la información, a la vida y a la libertad. El aborto, de este modo, no sólo constituye un problema de salud sino también, y sobre todo, de derechos humanos, sociales y económicos. Las múltiples trabas que dificultan a las mujeres acceder de manera libre y equitativa a una interrupción voluntaria del embarazo -como un nivel adquisitivo que nos permita viajar y/o costearnos una clínica discretamente privada, nuestra edad, lugar de residencia, país de origen o situación administrativa- no son sólo manifiestamente hipócritas, sino que además resultan discriminatorias. Si bien todas estas barreras siguen existiendo en la legislación actual en el Estado español, se verán agravadas si el Partido Popular cumple su amenaza de reformarla. Es en su empeño por eliminarlas por lo que el feminismo es provida.

3. Los principales factores que relacionan disminución de embarazos no deseados y abortos entre las mujeres jóvenes son el aumento del uso de anticonceptivos, un mayor acceso a la información y una mejor educación sexual y afectiva; todos ellos reivindicados desde hace años por el movimiento feminista. A pesar de que la misma derecha que nos llama antivida se opone a preparar a nuestros y nuestras jóvenes a mantener relaciones sexuales seguras, libres e inteligentes, es necesario y urgente generar y transmitir un modelo de sexualidad enriquecedora, madura y saludable. Ello no se alcanza preconizando hipócritas abstinencias o silencios, sino garantizando que las decisiones de la gente joven estén basadas cada vez más en la información, la libertad y el respeto mutuo. Es en su férrea defensa de la prevención de embarazos no deseados y, como resultado, de abortos, basada en la transmisión de valores de equidad y autonomía, por lo que el feminismo es provida.

4. En su delirante cruzada contra el derecho de las mujeres a decidir, el ministro Gallardón amenaza con convertir la normativa actual en más restrictiva aún que la del 1985 y se propone suprimir el supuesto de malformación fetal como causa de interrupción voluntaria del embarazo. Lo hace argumentando que todas aquellas personas que han nacido o que “están a punto de nacer” con cualquier tipo de discapacidad deben tener los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Desde el feminismo nos preguntamos cómo las derechas al frente y a la sombra del Gobierno tienen la desfachatez de autoerigirse como heroicas salvadoras de un colectivo social al que niegan la vida digna mediante el recorte y privatización de servicios, programas y otros apoyos a la autonomía restringida. ¿No será que el Partido Popular busca que seamos las familias, y particularmente las mujeres, las que nos responsabilicemos de las personas a las que ellos obligan a nacer pero de las que desentienden desde su primer minuto de vida?. ¿Las mismas familias y mujeres a las que ellos dejan en la estacada mediante su rescate-estafa de la banca y su destrucción del Estado de Bienestar?. Es en su férrea denuncia de la impostura de los que dicen defender los derechos sociales de lunes a jueves mientras los recortan a golpes de decreto justo antes del fin de semana, por lo que el feminismo se erige hoy más que nunca como provida.

5. El Partido Popular no sólo obliga a mujeres a ser madres en contra de su voluntad sino que impide que muchas otras lo sean a pesar de desearlo y sentirse preparadas para ello. Lo hace mediante la defensa de la esterilización forzosa de personas con discapacidades psíquicas a pesar de la oposición de las entidades sociales y las recomendaciones de la ONU. Lo hace, a su vez, recurriendo el matrimonio entre personas del mismo sexo ante el Tribunal Constitucional al considerar la familia heterosexual el entorno natural de los hijos [sic]. Y lo hace impidiendo que las mujeres solas o lesbianas puedan acceder a los servicios públicos de reproducción asistida para conseguir quedarse embarazadas sin la intervención de un hombre. El Gobierno reparte de esta manera carnés de buenas y malas madres; buenas y malas mujeres; y decide quién puede formar una familia y quién no. Gallardón dice que la maternidad hace a las mujeres verdaderamente mujeres, pero olvida aclarar (¡qué descuido el suyo!) que se refiere exclusivamente a aquellas que tengan la opción sexual adecuada, pretendan formar el tipo de familia correcto (nuclear, heterosexual, etc.) o no presenten ningún tipo de discapacidad mental. Sólo el Dios de Rouco sabe lo que podría pasar si permitimos que la infancia se críe entre maricones y bolleras o si garantizamos a las personas con diversidad funcional autonomía en las decisiones que afectan a su cuerpo y su sexualidad. Es finalmente en su empeño de defender los derechos y las libertades de TODAS las personas, así como de hacerlo de lunes a domingo, por lo que el feminismo es provida.

El feminismo es provida porque su razón de ser es la construcción de una sociedad más justa y libre que ponga el bienestar y el bien común en el centro; una sociedad que no condene a sus mujeres más pobres, más jóvenes o más vulnerables a morir desangradas con un aborto clandestino; una sociedad que no aspire a domesticar los cuerpos y la vidas de las personas en compartimentos moralizantes; que eduque a sus jóvenes en los principios del raciocinio, la responsabilidad y la verdad para que sus acciones no tengan impactos negativos en ellas o en terceras personas; que incluya, cuide y respete de manera genuina a aquellas personas con diversidad funcional; que acepte la libertad de todos y todas a decidir sus sentires y sus deseos; que no diga una cosa y luego haga otra.

Sin embargo, nos lleva ventaja la retórica de la derecha, anti-elección y prohibitiva. Queda poco tiempo; nuevos ataques se avecinan. Salgamos a las calles, retomemos posesión de lo nuestro y pasemos a la ofensiva. El feminismo, ahora y siempre, es provida.

Articulo aparecido en Público el 27/09/2013

El feminisme és proVida

Traducció al castellà aquí

Sandra Ezquerra|eldiario.es La dreta recorre amb freqüència a la mateixa estratègia per neutralitzar les crítiques: en comptes d’interlocutar directament amb les denúncies i exigències plantejades per un col·lectiu, altera el significat de les mateixes oposant-les (falsament) als drets o interessos d’un altre sector, distorsionant o eliminant, d’aquesta manera, la possibilitat d’un debat obert i transparent sobre les reivindicacions plantejades. Divideix i venceràs: és la millor manera d’evadir responsabilitats. Alguns exemples recents són la culpabilització de la ciutadania per “haver viscut per sobre de les seves possibilitats” o la responsabilització, entre d’altres, de la població migrant per les estratosfèriques taxes d’atur o la decreixent disponibilitat de recursos públics. En el cas de les reivindicacions específicament feministes, els avenços dels drets de les dones són presentats com a inherentment antagònics amb altres interessos col·lectius: si la dona s’incorpora al mercat laboral, els fills creixeran sense valors i sense rumb; si les treballadores domèstiques de la llar reivindiquen una millor regulació de la seva feina, les llars de classe mitja veuran violada la seva intimitat o no podran permetre’s comprar els serveis; i si les dones poden decidir lliurement sobre el seu propi cos, milions de fetus i futurs ciutadans seran assassinats.

El principal argument esgrimit pel neoconservadurisme en general, i l’espanyol en particular, en els seus atacs contra la interrupció voluntària de l’embaràs ha estat identificar la seva posició com a “defensora de la vida” i presentar la (irresponsable) llibertat de les dones a decidir com a irreductiblement contrària o, dit d’una altra manera, favorable a la mort. Més recentment, la polèmica està girant entorn a la intenció del Partit Popular de prohibir l’avortament fins i tot en casos de malformacions greus del fetus. S’acusa a les veus defensores de la interrupció lliure d’intentar esborrar del mapa a les persones amb diversitat funcional o intel·lectual, i Alberto Ruiz Gallardon s’erigeix, front la maldat i l’egoisme de les feministes, com el salvador universal de les dones veritablement dones, dels fetus i de les persones amb discapacitats.

Front això, em sembla important que des del feminisme treballem per desmuntar l’apropiació per part de la dreta de la defensa de la vida. Milers de dones moren intentant avortar en la clandestinitat, i les seves vides ens importen. A més, tal i com s’expressa a Hombres y Retrones, “es mucho más difícil para todos que una madre traiga al mundo a un niño “normal” en un poblado chabolista que a un niño Down en un chalet de la Moraleja”. La possibilitat d’una “vida (in)digna” ve condicionada per múltiples factors i, lluny de raure exclusivament en les nostres capacitats funcionals o intel·lectuals, depèn del nostre accés a recursos materials, a habitatge, a atenció sanitària, a una formació de qualitat i, entre molts d’altres, al respecte i reconeixement de la nostra comunitat. Tanmateix, aquells que prometen defensar totes les vides són els mateixos que retallen el minsos ajuts a la dependència, privatitzen l’educació i la sanitat, exclouen a les persones migrades de l’atenció mèdica, retallen els serveis socials, precaritzen el mercat laboral, congelen les pensions i bloquegen la ILP per la dació en pagament. Hipòcritament defensen els fetus a cops de Codi Penal, però una vegada aquests es converteixen en humans se’n desentenen negant-los els drets socials més bàsics. Si tant protegeixen la vida, faran torns amb la dona dedicada únicament i exclusiva a tenir cura de la seva filla paraplègica? Subvencionarà el ministre Wert la seva educació? Ajudarà Rouco Varela a netejar-li el cul? Li farà el sopar Mariano Rajoy? Garantirà Ana Mato que la mare pugui conciliar l’atenció amb una vida pròpia? Prioritzarà el PP l’atenció a les persones front el pagament del deute i el rescat dels bancs?

No defenso l’opció de l’avortament com a necessàriament fàcil, sinó que la reivindico com a imprescindiblement lliure. Ningú millor que una dona embarassada pot saber quina existència i quina dignitat podrà garantir en cas de decidir convertir-se en mare, i és per això que defensar la seva llibertat no és ni més ni menys que defensar la Vida en majúscules: una Vida amb veu i amb autonomia; una Vida d’oportunitats; una Vida amb justícia i igualtat; una Vida digna de ser viscuda.

Article aparegut a Catalunya Plural/ElDiario.es el 21 de maig de 2013

Anonymous contra la visita del papa

La dignitat de les dones com a coartada

Traducció al castellà aquí

Sandra Ezquerra|Públic. La vicepresidenta del Govern de la Generalitat i consellera de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, va anunciar ara fa unes setmanes la intenció del Govern de regular l’ús del burka i el niqab amb l’objectiu de preservar la dignitat de les dones. La principal motivació de la Consellera sembla que és que no vol retrocessos en matèria d’igualtat de gènere després que a Catalunya les dones hàgim trigat tants anys en assolir els mateixos drets que els homes. En vista d’això se m’acuden dos interrogants: ¿hem assolit realment la igualtat de drets en relació amb els homes? Si és així, ¿la regulació d’aquestes peces de roba implicarà un avenç més gran en la igualtat de gènere?

Pel que fa a la primera interrogació, sabem que les dones a Catalunya continuem patint una representació desproporcionada en les jornades laborals parcials, els contractes temporals i, entre d’altres, la població inactiva i aturada. També perdura la nostra discriminació salarial, segregació laboral i concentració en l’economia informal i precària.

D’altra banda, a l’Estat espanyol ja han mort més de 20 dones víctimes de la violència masclista des d’inicis d’any i les dones catalanes seguim sense poder exercir plenament el nostre dret al propi cos com a resultat, entre d’altres factors, de les dificultats existents per implementar la recent reforma de la llei d’avortament. Si bé el nou i flamant Govern dels millors no ha mostrat cap preocupació vers aquest escenari i ha eliminat durant els seus primers mesos programes específics per a la nostra protecció contra la violència de gènere i, entre d’altres, contra la nostra discriminació en el mercat laboral, ara sembla mostrar un rehabilitat neguit per la dignitat femenina i argumenta que la prohibició dels vels integrals pot ajudar a preservar-la. Això em condueix a la segona pregunta.

La controvèrsia sobre la prohibició d’aquestes peces de roba a Catalunya constitueix un debat artificial impulsat per certs sectors de la classe política, i el nombre de dones que les utilitzen en el nostre territori poden ser comptades amb els dits d’una mà. Convergència i Unió no es troba sola en la confecció de cortines de fum: partits com el PSC i ERC també semblen anar a remolc del discurs clarament xenòfob de Plataforma per Catalunya i el PPC s’ha convertit en principal altaveu d’un relat en què la població d’origen immigrant esdevé el blanc on la ciutadania pugui dirigir la ràbia, la incertesa i el desemparament creats per la crisi econòmica.

Si els partits polítics darrere d’iniciatives com la prohibició del vel integral realment volguessin fer una aposta per eradicar les nombroses situacions d’indignitat a les que es veu sotmesa la comunitat musulmana, com ara la incapacitat de practicar la seva religió i els seus costums de manera normalitzada, la seva discriminació laboral, la seva criminalització, la seva estigmatització com a retrògrada i inherentment masclista i la seva dificultat per accedir a nombrosos drets, promourien mesures d’inclusió i cohesió social en comptes de regulacions prohibicionistes i punitives.

Si els preocupés sincerament la dignitat de les dones, no obstaculitzarien l’accés de les que són visiblement musulmanes als serveis públics ni, d’altra banda, permetrien l’allau de publicitat sexista que ens recorda subliminalment a totes cada dia que mai acabarem de convertir-nos en dignes objectes del desig masculí.

Si tinguessin com a prioritat fomentar la participació de totes les dones en la vida pública, no en sancionarien ni condemnarien a algunes a quedar-se a casa seva combatent possibles símptomes- unes vestimentes determinades- amb el mal que diuen voler eradicar- la falta d’autonomia de les dones-.

Si realment la voluntat fos de contrarestar la presència de la religió en l’esfera pública, retirarien crucifixos i subvencions de les escoles catòliques i deixarien de finançar visites papals amb diner públic. Si es proposessin honestament empoderar i comprendre les dones a qui suposadament volen protegir, preguntarien a les principals interessades com i per què porten el niqab i el burka. Si sentissin un desig genuí de legislar per a la nostra dignitat, no destruirien nombrosos recursos i avenços que tanta lluita ens han costat a les dones ni ens utilitzarien cínicament com a coartada. Si veritablement, en definitiva, volguessin garantir el nostre dret a decidir, no decidirien per nosaltres. Ni, vet aquí la ironia, ens prohibirien decidir.

http://contradecretburca.wordpress.com/

Article aparegut a Públic el 26 d’abril del 2011