Diagonal

Reforma del régimen de servicio del hogar: un grano de arena en el desierto

Sandra Ezquerra [1]. El nuevo ministro de Trabajo ha sugerido la posibilidad de modificar el régimen actual de empleados del hogar de forma que los empleadores usuarios de los servicios no puedan contratar directamente a la persona trabajadora sino que deban hacerlo mediante una empresa. Este cambio supuestamente persigue mejorar el sistema de cotización del régimen especial de empleadas de hogar mediante la incorporación del derecho al desempleo y mejoras en las prestaciones por incapacidad temporal, aspectos actualmente no cubiertos por dicho régimen. Estas mejoras supondrían un aumento de la cotización e, inevitablemente, un incremento también de precio. Si bien cualquier medida que tenga como objetivo ampliar los derechos de las empleadas del hogar debe ser saludada positivamente, cabe plantear al respecto dos cuestiones.

En primer lugar, la introducción de una empresa en la relación laboral usuario/a-trabajador/a no únicamente aumentaría considerablemente los costes finales sino que, aún más importante, establecería por ley la presencia de un intermediario cuyo papel acabará pareciéndose más a las parasitarias Empresas de Empleo Temporal que a un agente garante de la calidad de las condiciones laborales de las trabajadoras. El incremento del coste final del trabajo reproductivo debería repercutir en el salario de los y las trabajadoras y no en beneficio de empresas de servicios a las personas. Si el objetivo de la reforma es poner fin a las enormes bolsas de economía sumergida existentes en el sector, existen otras maneras de conseguirlo y promover a la vez la autonomía de los y las trabajadoras, como por ejemplo establecer mecanismos garantes de la negociación colectiva o permitir la entrada de inspectores de Trabajo en hogares que, aunque  privados, son testigos de tanta explotación y abuso laboral.

En segundo lugar, si bien nos encontramos ante una discriminación e infravaloración históricas del trabajo doméstico que perviven en el imaginario social y cultural actual, cabe preguntarse por qué a día de hoy este trabajo continúa encontrándose fuera del Estatuto de los Trabajadores y, por ende, excluido de numerosos derechos laborales disfrutados por la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. El trabajo doméstico se ha encontrado históricamente desterrado de las normativas laborales y enmarcado en el Código Civil. Tras un breve período de reconocimiento como “trabajo real” en el primer tercio del siglo XX, se vio relegado de nuevo a la invisibilidad social y legal durante la dictadura franquista. De manera gradual resultó contemplado de nuevo como actividad laboral a partir de los años setenta, pero únicamente mediante la aprobación de un decreto en 1985 que lo establecía como “actividad laboral especial”.

Por muy positivo que sea equiparar las cotizaciones de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a las del resto de trabajadores, no será más que un grano de arena en el desierto si no se deroga de una vez por todas un Real Decreto regulador del trabajo doméstico que legaliza la ausencia de contrato escrito, elimina de facto el derecho a cobrar horas extras, no garantiza un tiempo de descanso equiparable al resto de trabajadores y trabajadoras, permite el despido libre y prácticamente gratuito y, entre muchas otras discriminaciones, limita severamente la intervención de inspectores laborales.

Actualmente, mientras el colectivo de empleadas del hogar lleva ya décadas reivindicando la igualación de sus derechos laborales con los del resto de trabajadores y trabajadoras, nos encontramos con la paradoja de que los derechos de todos y todas se ven cada vez más equiparados, sí, pero a la baja. ¿Cómo seguir reivindicando la negociación colectiva para las trabajadoras del hogar cuando la recién aprobada Reforma Laboral la dinamita para el conjunto de la clase trabajadora? ¿Cómo eliminar el despido libre en el sector doméstico cuando cada vez se ve más generalizado en todos los sectores laborales? ¿Cómo exigir la remuneración de las horas extra del trabajo realizado en los hogares privados cuando hondean sobre el conjunto de los asalariados y asalariadas amenazas como la Directiva de las 65 horas?

Sin lugar a dudas entendiendo que las reivindicaciones de las empleadas del hogar son también las nuestras. Y no sólo porque su situación actual ayuda a atisbar el horizonte al que nos empujan los más recientes coletazos de medidas neoliberales, sino porque son parte imprescindible de una lucha por la dignidad. De todas y todos.

[1] Artículo aparecido en Diagonal , núm. 143-144

Las mujeres ante el 29-S: huelga, crisis y respuestas

S. Ezquerra/Diagonal [1]. Si bien los últimos dos años han sido testigos de múltiples movilizaciones de la izquierda combativa denunciando tanto las causas sistémicas como las respuestas políticas a la peor crisis económica y social vivida en décadas, lo cierto es que hemos estado bastante solos y solas. Hace tiempo que la izquierda institucional renunció a ser oposición contundente y creíble, y los grandes sindicatos han ido dando golpes de ciego, no exentos de ciertas dosis de desidia, en un Diálogo Social en el que cada vez está más claro que mientras (sólo) unos son escuchados los otros (sólo) acatan. Por suerte, parece que empiezan a mostrar ciertos síntomas de desperezo y por fin han pronunciado la palabra mágica que muchas y muchos llevamos tiempo esperando: Huelga General. Mal y tarde, pero bienvenida sea.

La naturaleza insostenible de la economía española, principal responsable del estallido y de la gran envergadura de la crisis, ha provocado la alteración coyuntural de un patrón histórico: el recorte de las diferencias entre las tasas de paro masculino y femenino y, en algunos momentos, tasas de desocupación masculinas más altas. Esta alteración, ocasionada por la explosión de la burbuja inmobiliaria y los masivos EREs en la industria, ha resultado en una generalización del mensaje mediático de que los hombres han sido los más golpeados por la crisis. Este discurso, no obstante, ha invisibilizado la persistente vulnerabilidad de las mujeres en el mercado laboral, la cuál es provocada por la continuación de nuestra identificación con el cuidado y el hogar, motor, a su vez, tanto de nuestras peores condiciones laborales- mayores tasas de parcialidad y temporalidad, mayor concentración en la economía informal, un salario medio 25% inferior al de los hombres, etc.- como de su agravamiento en tiempos de crisis.

La perspectiva de género también ha brillado por su ausencia en las respuestas del gobierno, que en un inicio estuvieron destinadas a la promoción de ocupación masculina y, a continuación, en un giro coherentemente esquizofrénico, vinieron marcadas por los recortes en gasto público. Éstos últimos tendrán un gran impacto sobre las mujeres, ya que nuestra importante presencia en el sector público hará que seamos las principales víctimas de la reducción de salarios y la eliminación de empleo. Además, nuestra vulnerabilidad económica y social nos hará sufrir de forma especialmente grave los recortes sociales y, la pérdida de apoyo público a las familias será compensada, de nuevo, por la intensificación de nuestro trabajo de cuidados invisible y gratuito.

Las medidas actualmente sobre el tapete, la Reforma Laboral y la de las pensiones, constituyen no sólo un punto de inflexión en la relación entre capital y trabajo sino también un nuevo ataque indirecto a la situación de las mujeres. La Reforma Laboral elimina la bonificación para nuestra contratación que, a pesar de que constituía un remedio claramente insuficiente, no pasa a ser reemplazada por un ataque real a las causas estructurales de nuestra discriminación laboral. Además, mantiene los incentivos a la contratación parcial, principal motor de la dualización de género del mercado de trabajo. En tercer lugar, la mayor movilidad que introduce la Reforma perjudica comparativamente a las mujeres, ya que solemos disponer de menor flexibilidad que los hombres. Finalmente, no incluye a las empleadas del hogar en el ET, perpetuando así la discriminación de una actividad laboral históricamente femenina y en la actualidad llevada a cabo mayoritariamente por mujeres de origen migrante.

Por otro lado, la congelación de las pensiones y la propuesta de ampliar el período de cálculo de cotización afectará particularmente a las mujeres quiénes, a raíz de nuestra concentración en la economía informal, así como de la frecuente interrupción de nuestra vida laboral para cuidar de hijos y otras familiares, encontraremos más dificultades a la hora de sumar la cotización exigida.

La desigualdad e invisibilidad históricas que soportamos las mujeres se ven reproducidas tanto por la crisis como por las medidas supuestamente diseñadas para paliarla, pero no se deben dar de ninguna manera en la lucha. La huelga general ha de ser un día de denuncia y reivindicación de todos los movimientos sociales, incluido el movimiento feminista. Porque la crisis y el 29-S también son cosa de mujeres.

[1] Artículo aparecido en Diagonal, número 23, el jueves 16 de septiembre.

A propósito de las crisis ¿qué pasa con la de los cuidados?

Sandra Ezquerra. Llevamos ya más de un año hablando de crisis y, frente a la versión oficialista de los medios de comunicación y la clase política profesional, los movimientos sociales y la izquierda anticapitalista siguen insistiendo en su carácter sistémico y multidimensional. Lejos de ser un mero tropezón en el imparable avance del capitalismo global, la presente crisis responde a las propias contradicciones internas del sistema y su tendencia innata hacia la creación destructiva. Ello hace que sus efectos se multipliquen y que, desde distintos sectores, se esté hablando no únicamente de crisis económica o crisis financiera, sino también de crisis ecológica, crisis alimentaria o crisis climática. Pocas veces, no obstante, se menciona otra cara de la crisis del sistema: una que evidencia de forma especialmente directa la irresoluble contradicción entre la lógica del beneficio económico y la del bienestar de las personas, y que, teniendo en cuenta que las mujeres hemos sido, de manera histórica, las principales responsables de cuidar a los y las que nos rodean, nos golpea a nosotras de manera particularmente dramática.

Numerosos países occidentales, entre ellos el Estado español, sufren desde hace años lo que se ha venido a llamar la crisis de los cuidados o la puesta en evidencia de la incapacidad social y política de garantizar el bienestar de amplios sectores de la población. Dicha crisis ha sido resultado de la entrada generalizada de las mujeres en el mercado laboral durante las últimas décadas, del envejecimiento progresivo de la población y de los efectos privatizadores que décadas de políticas neoliberales han tenido sobre el Estado del bienestar. Estos factores, junto a los nuevos modelos de crecimiento urbano, que a menudo han derivado en la desaparición de lugares y procesos colectivos del cuidado, así como la precarización y la atomización de nuestras vidas cotidianas, han multiplicado las cargas y responsabilidades de muchas mujeres con familiares en situación de dependencia, y han visibilizado la creación de un vacío de presencia y de cuidado para numerosas personas en situación de autonomía restringida. Todo ello ha puesto de manifiesto la insostenibilidad de la organización tradicional del cuidado, que ha sido realizado históricamente por las mujeres de forma invisible y no remunerada, así como la necesidad acuciante de redistribuir de una forma socialmente justa y colectiva la responsabilidad por el bienestar de las personas.

Sin embargo, ante esta situación, la respuesta de los distintos actores implicados ha sido profundamente decepcionante, ya que el trabajo de cuidado continúa considerándose una tarea inherentemente femenina a la vez que socialmente marginal y económicamente irrelevante. Si bien recientemente en el Estado español hemos presenciado un cierto aumento de escuelas infantiles o la aprobación de la Ley de Dependencia, estas medidas han sido insuficientes y no cuestionan la división sexual del trabajo. Además, quedan diluidas tras la imparable implementación de las políticas neoliberales de privatización, liberalización y desregulación de los servicios públicos. Por otro lado, las empresas siguen evitando cualquier tipo de cambio real que las aleje de su lógica del beneficio económico y, ante el debilitamiento de la familia extensa como red de apoyo fundamental y la persistente evasión de responsabilidades por parte de los hombres, las mujeres seguimos siendo consideradas como las principales abastecedoras del cuidado en el marco de la familia. Ello se da de manera paralela a nuestra sobreexplotación específica en el mercado laboral y a la multiplicación de la doble presencia femenina. Las más privilegiadas, ante la dificultad de obtener apoyo por parte del Estado o de sus compañeros, recurren al mercado para comprar un cuidado que en gran medida es llevado a cabo, en condiciones de gran precariedad, por mujeres inmigrantes.

Si bien los Estados occidentales evaden su responsabilidad a la hora de proporcionar soluciones públicas y sociales a la crisis de los cuidados, no muestran ningún pudor a la hora de diseñar leyes de extranjería que canalizan la entrada de mujeres inmigrantes a la Europa Fortaleza, incluyendo el Estado español, ofreciéndoles como única oportunidad laboral y vital la realización de unas tareas domésticas y de cuidado respecto a las que todo el mundo se está lavando las manos. Pero el escenario es aún más complejo: la llegada de cuidadoras extra-comunitarias al Estado español no es más que el resultado del creciente éxodo de millones de mujeres de países del Sur fruto de la restructuración económica impuesta desde Occidente y sus instituciones financieras durante décadas, que han desembocado en elevadas tasas de paro y asfixia del sector público y han golpeado de manera particularmente severa a las mujeres de esos países. Ante la imposibilidad de mantener a sus propias familias, muchas de ellas emigran a lugares como el Estado español para cuidar a las familias de otros y otras. En el marco de una creciente división jerárquica internacional del trabajo y de los derechos, mientras que estas mujeres preparan nuestras cenas, hacen nuestras camas, cuidan a nuestros hijos y acompañan a nuestros ancianos, sus hijas se crían solas durante años, hasta que acaban viniendo a substituir a sus madres, dejando, ellas también, a sus familias atrás. De esta manera, la “cadena transnacional del cuidado” se convierte en un dramático círculo vicioso que garantiza la pervivencia del status quo a la vez que invisibiliza su naturaleza excluyente.

En un momento en el que nos encontramos a punto de celebrar, de nuevo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es importante y urgente visibilizar la crisis de los cuidados como fruto de un sistema que no incluye el bienestar de las personas en sus ecuaciones incomprensibles, de unas ideologías de género que siguen garantizando que las mujeres cuidemos de todos, de todas, de todo y de unas desigualdades internacionales que provocan el éxodo de millones de mujeres y que sirven de coartada para la mercantilización del cuidado y su imparable marginación. Hace falta un cambio ya: de expectativas, de lógicas y de sistema. Y por todo ello, en estos momentos de crisis y desesperanza, pero también de lucha y de ilusión, no tiene sentido ser antipatriarcal si no se es también anticapitalista. No tiene sentido ser anticapitalista si no se es también antipatriarcal.

Versión resumida del artículo aparecido en Diagonal, Viernes 4 de Marzo, número 121

Mujeres y crisis: entrevista en Diagonal

 

Entrevista publicada en Diagonal, Martes 24 de noviembre de 2009.  Número 113-114

DIAGONAL: ¿Cómo afecta esta crisis a las mujeres?

SANDRA EZQUERRA: En este momento, en general, estamos peor situadas para soportar la destrucción de empleo y la crisis, ya que no contamos con las mismas oportunidades económicas, laborales y sociales que los hombres. Además, nuestra cobertura por desempleo es más de 20 puntos porcentuales inferior a la de los hombres, ya que, como resultado de la precariedad y discriminación laboral que sufrimos, cotizamos menos y generamos menos derechos contributivos. Por otro lado, cuando nos encontramos en el paro, recibimos cantidades en forma de subsidios significativamente inferiores a las que reciben los hombres. Pasamos más tiempo en el paro que ellos, y el aumento del desempleo femenino se ha incrementado en todas las edades y perfiles de formación.

D.: ¿Qué realidades están detrás de los datos sobre el aumento del paro en relación al empleo femenino?

S.E.: Al principio de la crisis, sobre todo entre otoño de 2008 y la primavera de 2009, los medios destacaron que ésta estaba teniendo un impacto mayor sobre los hombres que sobre las mujeres. El estallido de la burbuja inmobiliaria, las deslocalizaciones y los ERE masivos en la industria, explican la aceleración que se dio del incremento del desempleo entre los hombres y los recortes de las diferencias entre paro masculino y paro femenino. A pesar de ello, es importante tener presente que la tendencia de crecimiento del paro empezó por ciertos sectores económicos, pero se ha ido haciendo extensiva cada vez más al conjunto de la sociedad. A partir de primavera, se empezó a visibilizar la crisis del sector servicios, muy afectado por la contracción de la demanda, y es donde existe el mayor porcentaje de mujeres ocupadas. La destrucción de empleo en este sector, caracterizado por sus altas tasas de precariedad y temporalidad, se ha intensificado con el final del verano, y esto tiene, y seguirá teniendo, un impacto dramático sobre miles de mujeres trabajadoras.

D.: ¿Por qué aseguras que ha crecido la sobreexplotación de las mujeres?

S.E.: Desde nuestra incorporación masiva al mercado laboral, las mujeres hemos sufrido una mayor vulnerabilidad que los hombres a causa, entre otros factores, de nuestra identificación histórica como responsables de las tareas domésticas y de cuidado. Dicha identificación ha condicionado nuestra presencia en el mercado laboral, ha permitido el mantenimiento de la doble jornada y potenciado el desarrollo de una sobreexplotación específica. Con ello, quiero decir que los hombres continúan teniendo una participación más alta en el mercado laboral y las mujeres continuamos sufriendo la precariedad, el subempleo y la discriminación laboral de manera más acusada. Por ejemplo, las mujeres inmigradas son una mayoría aplastante en el sector del trabajo doméstico, donde las oportunidades de movilidad laboral son inexistentes y que sigue regulado por un obsoleto Real Decreto 1424/1985 que ni siquiera garantiza derecho a paro.

Las mujeres estamos muy concentradas en trabajos como la limpieza, el telemárketing, el teletrabajo, la hostelería, servicios, etc. En sectores con un alto porcentaje de contrataciones temporales y a tiempo parcial, lo que significa trabajos mal remunerados y con poca cobertura social. Por ejemplo, más del 80% de las personas asalariadas con jornada parcial son mujeres y en más del 90% de estos casos, la razón es la necesidad de cuidar a un niño o un familiar en situación de autonomía restringida.

La insuficiencia de recursos públicos para la atención a la infancia y a la “dependencia” obliga a cientos de miles de trabajadoras a reducir su jornada laboral o a pedir permisos no retribuidos, lo cual comporta una disminución de su salario. Como hemos podido averiguar, los contratos a tiempo parcial, parte importante de las políticas neoliberales de flexibilización, tienen un impacto negativo en las condiciones de trabajo, en las prestaciones de jubilación y desempleo y en la trayectoria profesional y personal de la trabajadora.

Aunque durante los últimos 25 años la tasa de ocupación de las mujeres en el Estado español ha aumentado, continuamos estando infrarrepresentadas en puestos cualificados y de dirección, y seguimos concentradas en sectores que presentan altas tasas de flexibilidad y precariedad laboral. Esta segregación se traduce en diferencias retributivas importantes entre hombres y mujeres.

D.: ¿Qué papel tiene la crisis de cuidado en la crisis general?

S.E.: Lo que se viene a llamar la crisis de cuidado es resultado de distintas dinámicas sociales, demográficas y políticas. El envejecimiento de la población española y la incorporación de la mujer al mercado laboral no se ha visto acompañado por una respuesta por parte de los Estados que ayude a llenar el vacío de cuidado o atención que esta entrada ha generado. La crisis económica está afectando a la inversión en servicios sociales públicos y a la salud de la población en general. Esto no hará otra cosa que profundizar la crisis del cuidado gestada durante décadas de raquítico gasto social. De hecho, el gasto público en jardines de infancia en el Estado español ya es el más bajo de la UE, y leyes como la de la Dependencia no acaban de despegar por falta de presupuesto. Además, la Ley de Dependencia no cuestiona la división sexual del trabajo.

En general, estas tendencias agudizan la exclusión social creada por las tendencias privatizadoras de los últimos años, y suele descansar sobre los hombros del trabajo no remunerado de las mujeres por dos razones.

Primero, porque como principales responsables de la salud y el bienestar de las familias somos las que más sufrimos los recortes sociales, ya que multiplican nuestras responsabilidades de cuidado y limitan nuestra capacidad de conciliar vida personal, familiar y laboral. Por otro, todo ello nos ubica en una situación de desventaja en el mundo laboral. También cabe destacar que los recortes sociales se apoyan de manera importante sobre el trabajo de las mujeres inmigrantes, que llegan al Estado español para llenar el vacío de cuidado que la incorporación de las mujeres autóctonas al mercado laboral crea, así como la debilidad del Estado de bienestar.

D.: ¿Cómo afectan a las mujeres las medidas anticrisis puestas en marcha por las diferentes instituciones?

S.E.: Las medidas diseñadas por el Gobierno han sido destinadas principalmente a paliar los efectos de la crisis en sectores económicos marcadamente masculinos. De los más de diez mil millones de euros que se han destinado a crear empleo, el grueso ha ido al sector de la construcción, que ocupa a menos de un 2% de las mujeres. En los proyectos que se han financiado no se ha impuesto, por ejemplo, ninguna obligación referente a la presencia de mujeres en las contrataciones. Además, como medidas anticrisis se han estado prolongando las prestaciones de desempleo entre 90 y 120 días para las personas afectadas por expedientes de regulación cuando menos de un 20% de las personas afectadas por ERE han sido mujeres.