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Gamonal también tiene rostro de mujer: entrevista a Antea Izquierdo

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Sandra Ezquerra. Mucho se ha escrito y dicho en los últimos días del barrio burgalés de Gamonal  y de la lucha que sus vecinos y vecinas han llevado a cabo contra un proyecto de especulación urbanística lanzado por el ayuntamiento. Hemos oído hablar de descontento ciudadano, de corrupción, de contenedores quemados y de violencia. Sin embargo, mientras que muchos han interpretado los hechos de Gamonal como un atentado contra la verdadera democracia ejercida en las urnas, miles de personas en más de 40 ciudades del Estado español se han movilizado esta semana para expresar su apoyo y solidaridad con la lucha burgalesa. Han demostrado así que el episodio de Gamonal no es una cuestión meramente local sino, seguramente, sólo la punta del iceberg de un cansancio y malestar generalizados por la crisis económica y una clase política sometida a los intereses de las élites financieras. Por primera vez, además, el intento de criminalización de la protesta no ha surtido efecto y, lejos de condenar las movilizaciones, muchísima gente se ha visto reflejada en ellas. Es todo un éxito, indiscutiblemente, que la lucha ciudadana haya conseguido paralizar las obras del ayuntamiento. Pero seguramente, tal y como nos cuenta Antea Izquierdo, la verdadera victoria ha sido el proceso de autoorganización y empoderamiento populares basados en el apoyo mutuo, la pluralidad y la diversidad de voces, proceso que marcará,  sin ningún tipo de duda, un antes y un después en la ciudad de Burgos, en el barrio de Gamonal y mucho más allá.  

¿Cuál ha sido tu participación en las movilizaciones en Gamonal desde sus inicios?

Desde el principio, cuando comenzaron las asambleas vecinales y las movilizaciones participé activamente en ambas proponiendo actividades y planes en las asambleas y difundiendo y animando las movilizaciones. Participo desde hace tiempo en los movimientos sociales de Burgos y soy militante de Izquierda Anticapitalista. Además, como burgalesa, obviamente, me preocupa y me afecta todo lo que pase en la ciudad. Esta obra no se circunscribe al barrio de Gamonal sino que perjudicaría a toda la ciudad porque es una vía vertebradora.

¿Cuál es a tu parecer el detonante de una lucha tan virulenta y persistente? ¿Qué análisis haces de las causas?

En esta lucha hay que distinguir dos fases, la primera comenzó en Noviembre y fue cuando la gente se concienció en asambleas vecinales de lo que supondrían las obras del bulevar, mientras el Diario de Burgos contra-atacaba con mentiras y menospreciaba la lucha que se estaba intentando construir. Entonces ya hubo manifestaciones y actividades, a pesar de que no tuvieron repercusión mediática más allá del ámbito local. A pesar de las protestas de entonces, el ayuntamiento prosiguió con las obras. Fue entonces cuando se intentaron parar con cadenas de personas para que no entraran ni salieran los camiones de escombro y fue ahí también cuando comenzó la represión policial. Viendo como pegaban y detenían a sus vecinos la gente empezó a reaccionar en mayor medida.

Durante las movilizaciones posteriores se repetían conversaciones que llegaban a la misma conclusión: Esto no es solo por el bulevar, esto es el cansancio y la rabia de las personas ante la situación actual de corrupción, rescates a los bancos, recortes en los servicios básicos… En el barrio hay mucha juventud en paro, con pocas expectativas vitales y sin nada que perder, hartas de ver como la casta política y los caciques locales viven a su costa y hacen negocios que les afectan directamente.

¿Se hablaba de rechazo a las obras y de la reivindicación de una guardería? ¿Nos puedes hablar sobre ello?

El barrio de Gamonal es un barrio obrero, al que nunca se ha prestado atención desde las instituciones, pero actualmente con la excusa de la crisis los problemas se agravan. Al comienzo de la legislatura el PP decidió que para pagar la deuda del ayuntamiento habría que prescindir de numerosos gastos, muchos de ellos en este barrio.

El equipo de gobierno decidió que no había dinero para mantener no una, sino dos guarderías públicas, a pesar del rechazo y de las movilizaciones convocadas sobre todo por las madres del barrio, apoyadas por la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita y por varias organizaciones de la ciudad. Finalmente las guarderías se cerraron sin dar soluciones alternativas a las personas con hijos e hijas, volviendo así a que las madres y padres con menos recursos tengan que depender de la familia al no poder pagar guarderías privadas.

Pero esto es solo una parte: Gamonal necesita que se arregle también la biblioteca del barrio, los parques para los y las niñas, etc. Y a la vez que se niega todo esto, se pretenden gastar más de 15 millones en una obra que el barrio no quiere por las razones que te he explicado y por muchas más: el miedo a los daños a las viviendas, el gasto enorme, las molestias para el tráfico y el comercio del barrio, la transformación de un barrio amable y habitable en un espacio aséptico y asocial.

¿Cuál ha sido el perfil de personas y grupos que han participado en las movilizaciones?

Los perfiles son muy variados, porque en realidad ha salido a luchar todo el barrio, desde personas mayores, la juventud, familias con niñas y niños… La lucha se esté construyendo conjuntamente y las organizaciones, partidos y sindicatos están apoyando pero son las personas que no habían participado en las luchas las que se están empoderando y están viendo como juntas y juntos podemos cambiar las cosas. Muchos vecinos y vecinas están hablando de que ésta es la oportunidad para crear tejido social en el barrio y hacer fuerza para que nuestras voces sean escuchadas.

¿Qué presencia ha tenido el movimiento feminista en las movilizaciones?

Desgraciadamente, el movimiento feminista en Burgos tiene muy poca fuerza y su presencia se reduce, en el momento actual, a las movilizaciones en defensa de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo cual no quiere decir que aquí no estemos luchando personas feministas, que aportamos nuestras ideas.

¿Qué presencia han tenido las reivindicaciones feministas en las movilizaciones?

Es muy difícil, sobre todo porque aquí hay gente que nunca se replanteado ciertas cosas y hablar de feminismo de primeras siempre choca. Aun así en las movilizaciones se oyen cantos en defensa del aborto, y poco a poco se está consiguiendo empoderar a las mujeres del barrio para que pierdan el miedo a coger el micrófono en las asambleas y defiendan sus ideas. Por otro lado, desde el primer momento hemos sido muchas las mujeres que hemos participado en primera línea, tanto en las asambleas como en las movilizaciones que se han dado en todo el barrio.

En los medios de comunicación mayoritarios se ha destacado la presencia de violencia y supuestos grupos violentos venidos de fuera de Burgos para agitar las movilizaciones, ¿qué valoración haces de ello? ¿Es Gamonal un acto de resistencia violento?

La lucha “violenta” aumentó en repuesta a la represión policial. Los medios de comunicación y el Ministerio del interior siempre intentarán desvirtuar las luchas con declaraciones como ésas, pero desde mi punto de vista no tenemos que entrar en su juego. La notoriedad que ha adquirido Gamonal es el resultado de la suma de varias maneras de luchar.

¿Cómo se ha vivido la victoria? ¿Qué repercusión crees que puede tener en otros lugares del Estado español?

Nos enteramos de la noticia de la paralización de las obras en la asamblea de la tarde del viernes 17 que fue simultánea a la rueda de prensa del alcalde, Javier Lacalle, y fue una emoción enorme, pero tenemos claro que la lucha no acaba aquí. Hay 47 personas en Burgos que han sido detenidas, conseguimos el dinero para pagar todas las fianzas pero no vamos a descansar hasta que sean absueltas de todos los cargos.

Esta lucha es una gran oportunidad para reforzar el tejido social del barrio, porque hemos visto que ¡juntas resistimos y ganamos! Además. Este triunfo es muy importante porque nos da fuerzas para continuar no solo en Burgos sino en todo el Estado. Esto es un reflejo de como cuando los y las de abajo nos unimos podemos conseguir victorias como ésta.

Carta abierta de una feminista a los hombres de buena fe

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Sandra Ezquerra|Público Hace un tiempo ya que desde la izquierda venimos reivindicando la importancia de batallar las  palabras y los conceptos, particularmente aquéllos que la derecha se ha apropiado  vaciándolos de contenido o bien malversándolos de forma sibilina hasta el punto de hacernos renunciar a ellos. Algunos ejemplos de los primeros serían el término “sostenibilidad” o “gobernanza” y del segundo mi favorito: la “vida” y su férrea defensa. Hace unos meses escribí sobre la necesidad de reivindicar, ante las intenciones del gobierno del Partido Popular de reabrir el debate sobre el aborto, la denominación de “pro-vida” desde el feminismo, y exponía una serie de razones por las que las feministas y personas defensoras de la libertad de elección de las mujeres preciamos en realidad la vida de manera más consistente, constante, leal y genuina que el ministro Gallardón y sus compadres anti-elección. Hoy vuelvo a reivindicar palabras secuestradas y empiezo esta carta apelando a la buena Fe (que no fe de la buena) de todos aquellos hombres que creen en el derecho de las mujeres a decidir sobre todos los aspectos que conciernen a nuestro cuerpo y consideran la interrupción voluntaria del embarazo como un asunto de libertades y no de código penal.

Estimados hombres de buena fe,

Espero, antes que nada, que el apelativo utilizado en esta carta no les ofenda ni confunda. Entiendo por hombres de buena fe a todos aquéllos que quieren, y creen que es posible, hacer del mundo un lugar mejor. Ello pasa por, entre muchas otras cosas, garantizar la igualdad efectiva de derechos entre hombres y mujeres. También pasa por evitar que las mujeres, así como nuestros cuerpos, nuestros sueños y nuestras vidas, continúen siendo escudriñados tanto por aquellos que no ven problema alguno en tocarnos el culo al cruzarse con nosotras por la calle como por los que  intentan teledirigir nuestro útero desde un púlpito o una tribuna.

Tras haberlo sopesado cuidadosamente, me pongo en contacto con ustedes para compartir mi honda preocupación por el anteproyecto de ley del aborto cuyo contenido el ministro de justicia hizo público el 20 de diciembre y el cual, de salir adelante, conllevaría uno de los mayores retrocesos que las mujeres hemos vivido en nuestros derechos y en nuestra dignidad desde la mal llamada Transición. No dudo que estarán al corriente, como tampoco dudo que entenderán mi profundo desasosiego, pero les escribo estas líneas para plantearles la cuestión no como algo que ataña exclusivamente a las mujeres sino como algo que resulta de enorme importancia para cualquier sociedad que guste llamarse libre o democrática.

No entraré en exponer ni analizar el anteproyecto, cuyo preocupante contenido estoy segura que de sobras conocen. Si que querría, no obstante, hablarles del importante papel que a mi parecer pueden (y deben) tener para detenerlo. Es esta carta, pues, un reclamo de complicidad y de apoyo.

Ustedes y yo sabemos que ni el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo ni otras reivindicaciones feministas han gozado hasta el momento de un lugar central en las preocupaciones de los hombres de buena fe. Las protestas del último año contra la reforma anunciada por el Partido Popular no sólo han contado con pocos de ustedes entre sus filas sino que tampoco han figurado en los listones más altos de las prioridades políticas de organizaciones ni movimientos. La izquierda, y particularmente sus hombres, no han sabido o querido hacer suya la batalla por el derecho a decidir de las mujeres, y se han limitado en la mayoría de los casos a acompañarla desde la distancia y la distracción. En aras de la justicia reconozco que en los últimos años no nos han faltado precisamente razones para salir a la calle y ello puede haber contribuido a una cierta fragmentación de los mensajes, pero para ser justos también cabría no olvidar que antes de que estallara esta crisis el panorama no era mucho mejor. Sin embargo, no me propongo con estas líneas realizar reproches estériles o culpabilizaciones fútiles.

Lo que pretendo decirles es que todavía estamos, están, a tiempo. Nunca es tarde si la fe es buena. Y es por ello que les hago llegar dos peticiones. En primer lugar, les suplico, les pido, les exijo, que se tomen la reaccionaria reforma del Partido Popular muy en serio y que actúen en consecuencia. Con lo que hay en juego en estos momentos, no debería haber desayuno compartido, manifestación convocada, movilización organizada, huelga general mencionada e incluso moción de censura susurrada que no se encuentre estrechamente vinculada con la embestida que los derechos de las mujeres están recibiendo en estos momentos en el Estado español. De la misma manera que el racismo no será erradicado hasta que las y los blancos estemos dispuestos a dar un contundente paso adelante, de la misma manera que la ley de extranjería no será suprimida hasta que la población autóctona se posicione al lado de las y los inmigrantes que sufren su maltrato y violencia institucional, las mujeres necesitamos que los hombres hagan suya nuestra lucha: por compañeras, por hermanas, por amigas, pero sobre todo por sentido común y coherencia.

Mi segunda petición quizás resulte algo más osada. Como saben el señor Gallardón se vanagloria de estar a punto de retirar a las mujeres como sujeto punible de la criminalización del aborto y, a cambio, cualquier otra persona implicada directa o indirectamente en su realización se verá castigada. Hace unos años, miles de mujeres en todo el Estado español se autoinculparon de haber realizado un aborto y un número de hombres las secundaron aduciendo que habían apoyado a alguna a hacerlo. El objetivo entonces fue mostrar rechazo hacia los ataques de la extrema derecha sobre mujeres y profesionales de la salud, así como visibilizar la vulnerabilidad a la que nos condenaba la legislación del 85.

Como parece ser que con el actual anteproyecto las mujeres nos convertiríamos en pobres víctimas inconscientes ante las maldades de las clínicas abortistas y allegados, quizás no tendría mucho sentido que en estos momentos realizáramos la misma campaña. Sin embargo, se me ha ocurrido una idea, y aquí es donde entran ustedes: a pesar de que el señor ministro no ha explicitado aún quién compondrá el círculo de los punibles, imagino que éste podría incluir a novios, maridos, hermanos, primos, amigos, vecinos, celadores, enfermeros, médicos, taxistas, ambulancieros, padres, abuelos, hijos, suegros y un larguísimo etcétera. ¿No sería entonces impresionante que, en respuesta, todos los hombres de buena fe realizaran una masiva campaña de autoinculpación y desobediencia para dejarle bien claro a los señores Gallardón y Rajoy que su (contra)reforma es absolutamente inaceptable? ¿Para que el señor Rouco aprenda de una vez por todas que con los derechos de las mujeres no se juega? Nosotras ya estamos librando la batalla pero será mucho más fácil ganarla si no la libramos solas.

Me emociono al imaginar los titulares: “decenas de juzgados en todo el Estado español colapsados por miles de autoinculpaciones de hombres partícipes en abortos”; “Huelga ciudadana convocada para paralizar la reforma del aborto de Gallardón”, “los sindicatos declaran paro indefinido hasta que Gallardón retire su anteproyecto contra las mujeres y dimita”, “el feminismo no está solo”, “el feminismo se extiende”, “los hombres de este país se niegan a que el gobierno controle el cuerpo de las mujeres”, “los movimientos sociales rodean el congreso para paralizar la nueva norma del aborto”.

Con esto les dejo. Deseándoles un buen año que justo empieza, esperando que mi atrevimiento no les haya importunado y rogándoles que consideren detenidamente lo que les planteo. No les habría molestado si no lo considerara realmente importante. Piénsenlo, por favor, y a ver si uniéndonos no sólo les arrebatamos el monopolio de las palabras sino, de paso, empezamos a repensar cómo trabajamos juntos para echarlos a ellos, finalmente y de verdad.

De verdad de la buena. Esta vez sí.

Artículo aparecido en Público.es el 8/1/2014

Traducció al català aquí

Gallardón no sabe con quién se mete. Esta ley la vamos a parar

20131220_204620Sandra Ezquerra | El pasado 20 de diciembre el gobierno español del Partido Popular presentó el anteproyecto de la “Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”. Como ha venido denunciando el movimiento feminista y amplios espectros de la izquierda desde entonces, en caso de aprobarse, la nueva ley significaría el retroceso más importante en materia de derechos sexuales y reproductivos en el Estado español desde la dictadura franquista.

La más retrógrada de tres reformas en 30 años

Sería también el tercer cambio en la legislación del aborto que se realiza en los últimos treinta años. El primero se dio con la ley del 1985, aprobada durante el gobierno del PSOE tras su paso por el Tribunal Constitucional, la cual mantenía la interrupción voluntaria del embarazo en el Código Penal y sólo la permitía en caso que se dieran tres supuestos y con unos plazos determinados: violación hasta las 12 semanas, malformaciones del feto hasta las 22 semanas y riesgos para la salud física y psíquica de la mujer sin límite de tiempo. A pesar de que esta ley supuso una mejora respecto a la penalización absoluta anterior, el movimiento feminista en el Estado español ha continuado reivindicando desde entonces el aborto libre y gratuito. Es decir, su despenalización total y su realización vía el sistema de la sanidad pública sin ningún tipo de coacción ni impedimento. 25 años tardó el PSOE en escuchar estas demandas y sólo las escuchó a medias. Mal y tarde, en 2010 se aprobaba una nueva ley que establecía un plazo de 14 semanas durante el que las mujeres podían interrumpir un embarazo sin aducir supuesto alguno. En caso de malformaciones fetales o de peligro para la salud de la mujer, ésta podía obtener autorización para interrumpir el embarazo hasta la semana número 22. Además de mantener el aborto en el Código Penal, el PSOE no osó contrariar a la derecha española en lo que respecta a la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales de la sanidad pública, impidió que las mujeres menores de 18 años pudieran acceder a una interrupción sin el conocimiento de sus padres e, impuso, entre otros obstáculos, un período de reflexión de tres días entre el momento en que la mujer accedía a un médico y la realización del aborto. Acto seguido el Partido Popular recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional, donde todavía se encuentra.

Tras su llegada al poder en el año 2011, así como la investidura de Alberto Ruiz Gallardón como Ministro de Justicia, el Partido Popular aseguró que volvería a cambiar la ley durante la primera mitad de su legislatura. Desde entonces han sido numerosas las declaraciones Gallardón en las que aseguraba que la “maternidad era lo que hacía a las mujeres verdaderamente mujeres” (sic) y prometía acabar con la ley anti-vida del PSOE. Han sido dos años plagados de rumores y de opacidad en lo que concierne a esta ley. Durante este tiempo el gobierno ha lanzado varios globos sonda en los que insinuaba que se proponía volver a la legislación del 85 pero eliminando el supuesto de malformación. Lo hacía aduciendo la no discriminación entre fetos de primera y de segunda y reclamando que la presencia de diversidad funcional no es motivo legítimo para impedir que un ser humano nazca. Mientras tanto, por supuesto, recortaba sin cesar todo tipo de ayudas y servicios sociales, incluyendo le recién nacida ley de dependencia y otras prestaciones a la autonomía restringida. Durante este tiempo desde el feminismo nos hemos temido lo peor. Y, a pesar de ello, de nuevo la realidad ha superado nuestras peores pesadillas.

Según la información que el gobierno ha hecho pública hasta el momento, la nueva ley eliminaría las 14 semanas de “aborto libre” y sólo permitiría la interrupción voluntaria del embarazo en dos casos: cuando la mujer haya sido violada, sólo durante las primeras 12 semanas y siempre y cuando haya presentado denuncia previa. Aunque aún está por ver cómo quedaría finalmente el texto, se deberá demostrar también que tener un hijo o hija fruto de la violación crearía peligros para la salud física o psíquica de la mujer. Se pone de este modo la carga de la prueba sobre la mujer, quién no sólo tiene que “hacer lo correcto y acudir a la policía” sino además demostrar el perjuicio que un parto fruto de una violación le produciría. El segundo supuesto es el de riesgo de la salud física o psicológica de la mujer, en cuyo caso se podría acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 22 semanas. Desaparece, de esta manera, el supuesto de malformación fetal, el cual solo podría ser aducido en caso que las anomalías fueran incompatibles con la vida y sólo si esa “presión insoportable”, tal y como la define Gallardón, fuera inasumible psíquicamente por la mujer. En caso de que la malformación fuera descubierta tras el período de 22 semanas se debería realizar un parto inducido. Estas cuestiones, además, deberán ser constatadas por dos especialistas distintos: uno que diagnostique la malformación del feto y otro que analice psicológicamente los daños que puede sufrir la mujer embarazada. Los dos profesionales, a su vez, no podrán trabajar en el mismo centro donde se realice la interrupción del embarazo.

Por otro lado, en cualquiera de los dos supuestos permitidos la mujer deberá someterse al proceso de “consentimiento informado, libre y válidamente emitido”. Ello incluye la participación de los padres en la decisión de las menores de edad, así como un período de reflexión que pasa de ser de  tres a siete días tras haber sido informada sobre “sus derechos, ayudas, opciones asistenciales, información clínica y alternativas al aborto”.

El anteproyecto, de esta manera, restringe el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo más aún que la antigua normativa de 1985. No sólo elimina el supuesto de malformación fetal sino que impone múltiples obstáculos para poder acceder al de riesgo para la salud de la mujer. Abre la puerta a la objeción de conciencia de cualquier profesional que deba participar en la intervención sin regularla ni limitarla y, por supuesto, inaugura la veda para que el aborto clandestino o los viajes a países donde pueda ser realizado de manera legal vuelvan a estar a la orden del día.

Oposición masiva al anteproyecto de ley

Las voces aparecidas contra esta propuesta de ley son muy numerosas y van desde el movimiento feminista hasta los y las profesionales de la salud y múltiples sectores de la izquierda. De hecho, las disonancias han empezado a sonar incluso dentro del Partido Popular. La reforma propuesta constituye sin duda uno de los ataques más graves, si no el más grave, a los derechos de las mujeres desde la dictadura franquista, sin ser fruto además de ningún consenso ni demanda social. El PP cumple de este modo sus peores amenazas contentando de paso a los sectores más conservadores y recalcitrantes de la Iglesia Católica española.

Es imposible predecir hasta qué punto Gallardón acelerará la aprobación de la ley o buscará apoyos. Por un lado, el PP tiene mayoría absoluta en el congreso y eso le permitiría imponerla como lo ha hecho con otras múltiples (contra)reformas y recortes de derechos. Por el otro, desde que se hizo público su contenido, la ley ha recibido enormes y numerosas críticas y cada vez está más claro que carece de apoyo más allá del ala más dura del Partido Popular. Habrá que ver hasta qué punto el sector más liberal es capaz de mojarse y romper la disciplina interna o se contenta con ser “minoría silenciosa” o también hasta qué punto el propio gobierno se mantiene firme ante las críticas que le siguen lloviendo desde todos los rincones del Estado e incluso a escala internacional. Habrá que ver también cuánto tardan los trámites parlamentarios para su aprobación y hasta qué punto el Partido Popular se quiere ver relacionado con esta ley en plena campaña electoral para las elecciones europeas en mayo.

Esta ley hay que pararla

A pesar del oportunismo con el que el PSOE está criticando la reforma, es indudable que nos encontramos en un momento en que resulta imprescindible construir un movimiento amplio que le oponga su rechazo absoluto y que tenga como objetivo irrenunciable paralizarla. El conjunto de la izquierda debería poner de una vez por todas esta cuestión en el centro de su agenda política y los movimiento sociales deberían dar todo su apoyo al feminismo y responder a sus llamadas de complicidad y solidaridad. Estoy absolutamente segura que si conseguimos unir fuerzas podemos poner al gobierno en jaque. Podemos y debemos hacerlo.

Eso no significa que debamos estar de acuerdo en todo. De todos los cambios que introduce la reforma, el que más titulares ha ocupado en las últimas semanas ha sido el de la eliminación del supuesto por malformación. En este sentido, aunque no dudo en ningún momento que supone un terrible acto de crueldad e hipocresía por parte de un gobierno que excluye y condena al olvido a los sectores más frágiles de nuestra sociedad, cada vez tengo más dudas sobre si éste ha de ser el punto de mira del feminismo radical y anticapitalista. ¿Hasta qué punto ser obligada a tener un hijo con graves malformaciones es peor que ser obligada a tenerlo por cualquier otro motivo? Si una mujer considera que su situación personal, económica o cualquier otra le impide (querer) ser una (buena)  madre, ¿hasta qué punto es legítimo obligarla entonces? ¿Hasta qué punto es más cruel eliminar el supuesto por malformaciones que impedir que las mujeres lesbianas y madres solas puedan acceder a la reproducción asistida como legisló el Partido Popular el verano pasado? ¿Hasta qué punto hay momentos en que es menos malo tutelar, controlar y criminalizar nuestros cuerpos y otros en que es peor?

Quiero pensar, y pienso, que muchas de las cosas que el Estado (o la Iglesia) intentan regular a golpe de prohibición en realidad se regulan solas, mediante el sentido común. Insisten en los supuestos para evitar que las mujeres aborten a su antojo. Pero en realidad  lo que pretenden es seguir teledirigiendo nuestros cuerpos y voluntades desde púlpitos, hospitales y tarimas a base de leyendas urbanas. Sin embargo, ¿quién aborta por capricho? ¿Realmente alguien conoce a alguna mujer que lo haya hecho? Insisten también en poner plazos para evitar los abortos en el octavo mes. Pero lo cierto es que muy pocas mujeres abortan en estados avanzados del embarazo y, desde mi absoluta confianza en la inteligencia humana, estoy segura que las pocas que lo hacen lo deben hacer por una buena razón. La mayoría de ellas abortan pocas semanas después de quedarse embarazadas y no me corresponde ni a mí, ni a un juez, ni a un cura, ni a un médico ni a un político, confirmar que su motivo,  momento o estado mental sean los indicados. Lo que nos corresponde a todos y a todos es deshacernos de los silencios, mentiras, hipocresías, tabúes y dobles morales que tanto tiempo llevan cerniéndose sobre la sexualidad en nuestro país y conseguir que nuestras y nuestros jóvenes tengan acceso a una educación, información y cultura sexual y reproductiva que garanticen que sus decisiones sean saludables, responsables, basadas en el conocimiento y respetuosas. Trabajemos para eso y para que no tengan que plantearse nunca qué les haría, en caso de tener que dar marcha atrás, el PSOE, Rouco Varela o Gallardón.

Gallardón no sabe con quién se ha metido. Esta ley la vamos a parar.

Traducción al catalán aquí y al inglés aquí

El feminisme és proVida

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Traducció al castellà aquí

Sandra Ezquerra|eldiario.es La dreta recorre amb freqüència a la mateixa estratègia per neutralitzar les crítiques: en comptes d’interlocutar directament amb les denúncies i exigències plantejades per un col·lectiu, altera el significat de les mateixes oposant-les (falsament) als drets o interessos d’un altre sector, distorsionant o eliminant, d’aquesta manera, la possibilitat d’un debat obert i transparent sobre les reivindicacions plantejades. Divideix i venceràs: és la millor manera d’evadir responsabilitats. Alguns exemples recents són la culpabilització de la ciutadania per “haver viscut per sobre de les seves possibilitats” o la responsabilització, entre d’altres, de la població migrant per les estratosfèriques taxes d’atur o la decreixent disponibilitat de recursos públics. En el cas de les reivindicacions específicament feministes, els avenços dels drets de les dones són presentats com a inherentment antagònics amb altres interessos col·lectius: si la dona s’incorpora al mercat laboral, els fills creixeran sense valors i sense rumb; si les treballadores domèstiques de la llar reivindiquen una millor regulació de la seva feina, les llars de classe mitja veuran violada la seva intimitat o no podran permetre’s comprar els serveis; i si les dones poden decidir lliurement sobre el seu propi cos, milions de fetus i futurs ciutadans seran assassinats.

El principal argument esgrimit pel neoconservadurisme en general, i l’espanyol en particular, en els seus atacs contra la interrupció voluntària de l’embaràs ha estat identificar la seva posició com a “defensora de la vida” i presentar la (irresponsable) llibertat de les dones a decidir com a irreductiblement contrària o, dit d’una altra manera, favorable a la mort. Més recentment, la polèmica està girant entorn a la intenció del Partit Popular de prohibir l’avortament fins i tot en casos de malformacions greus del fetus. S’acusa a les veus defensores de la interrupció lliure d’intentar esborrar del mapa a les persones amb diversitat funcional o intel·lectual, i Alberto Ruiz Gallardon s’erigeix, front la maldat i l’egoisme de les feministes, com el salvador universal de les dones veritablement dones, dels fetus i de les persones amb discapacitats.

Front això, em sembla important que des del feminisme treballem per desmuntar l’apropiació per part de la dreta de la defensa de la vida. Milers de dones moren intentant avortar en la clandestinitat, i les seves vides ens importen. A més, tal i com s’expressa a Hombres y Retrones, “es mucho más difícil para todos que una madre traiga al mundo a un niño “normal” en un poblado chabolista que a un niño Down en un chalet de la Moraleja”. La possibilitat d’una “vida (in)digna” ve condicionada per múltiples factors i, lluny de raure exclusivament en les nostres capacitats funcionals o intel·lectuals, depèn del nostre accés a recursos materials, a habitatge, a atenció sanitària, a una formació de qualitat i, entre molts d’altres, al respecte i reconeixement de la nostra comunitat. Tanmateix, aquells que prometen defensar totes les vides són els mateixos que retallen el minsos ajuts a la dependència, privatitzen l’educació i la sanitat, exclouen a les persones migrades de l’atenció mèdica, retallen els serveis socials, precaritzen el mercat laboral, congelen les pensions i bloquegen la ILP per la dació en pagament. Hipòcritament defensen els fetus a cops de Codi Penal, però una vegada aquests es converteixen en humans se’n desentenen negant-los els drets socials més bàsics. Si tant protegeixen la vida, faran torns amb la dona dedicada únicament i exclusiva a tenir cura de la seva filla paraplègica? Subvencionarà el ministre Wert la seva educació? Ajudarà Rouco Varela a netejar-li el cul? Li farà el sopar Mariano Rajoy? Garantirà Ana Mato que la mare pugui conciliar l’atenció amb una vida pròpia? Prioritzarà el PP l’atenció a les persones front el pagament del deute i el rescat dels bancs?

No defenso l’opció de l’avortament com a necessàriament fàcil, sinó que la reivindico com a imprescindiblement lliure. Ningú millor que una dona embarassada pot saber quina existència i quina dignitat podrà garantir en cas de decidir convertir-se en mare, i és per això que defensar la seva llibertat no és ni més ni menys que defensar la Vida en majúscules: una Vida amb veu i amb autonomia; una Vida d’oportunitats; una Vida amb justícia i igualtat; una Vida digna de ser viscuda.

Article aparegut a Catalunya Plural/ElDiario.es el 21 de maig de 2013

Joan Boada no quiere ir a la Audiencia Nacional ¿Qué hará Joan Boada?

Traducció al català aquí Nos despertábamos hace unos días con la noticia de que 11 diputats catalanes habían sido citados por el juez Eloy Velasco para declarar en la Audiencia Nacional. Las citaciones se enmarcan en el juicio en el que se hallan encausadas 21 personas por la movilización que, ante el inicio del debate presupuestario en el Parlament, el movimiento 15M catalán convocó el pasado día 15 junio.

Además de a varios diputados de CIU, PSC y SI, como Artur Mas, Montserrat Tura o Alfons López Tena, Velasco también tiene intención de tomar declaración a Joan Boada y Salvador Milà, ambos miembros del grupo parlamentario de ICV-EUiA. Mientras que no tengo noticias de que Milà se haya pronunciado públicamente al respecto, numerosos periódicos han publicado que Boada se niega a declarar ante la Audiencia Nacional. Boada declara en una entrada en su blog del día 25 de octubre que la Audiencia Nacional, a la cual considera un “organismo judicial obsoleto”, no debería juzgar lo que pasó el 15 de junio. A continuación afirma que ningún diputado ni diputada de ICV-EUiA ha denunciado en ningún momento que se les dificultara ir a trabajar ese día. Finalmente, informa a sus lectores y lectoras que lleva intención de escribir al juez Velasco para solicitarle que le dispense, junto a su compañero de grupo parlamentario, de ir a declarar. Reitera que “ellos” (supongo que se refiere a su partido) no quieren colaborar con la criminalización del movimiento que está llevando a cabo la derecha catalana y acaba recordando que el responsable político de lo que pasó aquel día fue el conseller d’interior, Felip Puig.

Como no sería la primera vez que integrantes de la socialdemocracia me llaman sectaria cuando les hago una crítica, he intentado leer las declaraciones de Boada de manera detallada y rigurosa. No es que de repente me haya vuelto boadista, pero sí pienso que una toma de posición contundente por parte de un grupo parlamentario contribuiría a dar fuerza a la campaña anti-represiva que el movimiento está llevando a cabo en solidaridad con las indignadas e indignados encausados.

A priori se deduce de la lectura del texto de Boada que éste está en contra del actual ataque jurídico-político contra el movimiento 15-M llevado a cabo por la derecha catalana y española. Incluso llega a abogar por la supresión de la Audiencia Nacional. Hasta aquí bien.

Sin embargo, en línea con la postura de su partido durante los últimos meses respecto a la movilización del 15 de junio, las palabras de Boada en realidad se encuentran llenas de ambigüedad. En primer lugar cabe aclarar que no afirma en ningún momento, como ya han anunciado a bombo y platillo numerosos medios de comunicación, que no vaya a declarar en la Audiencia Nacional. El título de su escrito se limita en realidad a informar de que “jo no vull anar a declarar a l’Audiència Nacional” y que si lo acaba haciendo será “por obligación”, lo cual, a mí, más que a rebeldía me suena a profecía autocumplida. Respecto a la legitimidad del juicio, así como de la AN, si bien Boada afirma estar en contra del ataque de la derecha catalana contra el conjunto del movimiento, así como de la misma existencia de la AN (a diferencia de su postura durante la persecución a Núria Pòrtulas, cuando Boada, entonces secretario general de Interior, sentenciaba que ésas “eran las reglas del juego”), en ningún caso se opone a que se procese a la “minoría” que efectuó aquél día, según su vívida enunciación, “insultos, amenazas, escupitajos, golpes y pintadas”. Muestra desacuerdo con que el juicio se lleve a cabo en la AN pero en ningún momento exige la absolución de las encausadas. Intenta distanciarse de la derecha garantizando que ningún diputado de ICV-EUiA denunció los hechos pero olvida demandar la anulación del juicio y la retirada de los cargos que pesan sobre los encausados, contribuyendo de esta manera a la intencionada estrategia convergente de distinguir entre buenos y malos; entre pacíficos y violentos; entre simpáticos y anti-sistema. Es más, en su apresurado intento de redención en tanto que “buen progresista” olvida mencionar que la mañana del 15 de junio el Parlament aprobó por unanimidad (es decir, con el acuerdo ICV-EUiA) un comunicado de condena de la movilización de las indignadas contra el debate presupuestario catalán más anti-social de la historia de la democracia representativa. De esta manera, que Joan Boada no haya efectuado una denuncia formal contra ningún activista del movimiento, no cambia el hecho de que una fuerza parlamentaria que se auto-denomina de izquierdas y transformadora se alineó ese día con el social-liberalismo y la derecha para distanciarse de la razón de ser del movimiento y su protesta.

En cierta manera entiendo a Joan Boada. De verdad que le entiendo. Debe ser verdaderamente difícil conciliar eso de optar por gestionar el sistema con ser dirigente de una fuerza auto-denominada ecosocialista coaligada con grupos que se consideran anticapitalistas. Reconozco que yo me haría un lío de narices. Es por ello que tengo una sugerencia para él y su formación que quizás les pueda ayudar a solucionar su endémico dilema:

Es muy simple, señor Boada, mucho más de lo que parece. Tome partido. Clarifique posiciones. Abandone la ambigüedad. Asuma responsabilidades.

Si tan en contra está de la existencia de la Audiencia Nacional y de la criminalización del movimiento 15-M por parte de Felip Puig y sus esbirros, no declare ante el juez. Al igual que las encausadas y las miles de indignadas que les damos todo nuestro apoyo, rechace la legitimidad de la AN y de grupos parasitarios como Manos Limpias negándose a declarar en este proceso pantomímico y aceptando todas las consecuencias de su desobediencia. Sea valiente y dé la cara: sin matices, sin concesiones. Anuncie que, caiga quien caiga, usted no piensa declarar en el juicio. Exijan usted y su partido la retirada de todos los cargos a todos los encausados, así como la anulación del juicio, y pidan perdón por haber contribuido al aquelarre político-mediático contra el movimiento aquel día. Al fin y al cabo, ahora que ya no están en el gobierno no tienen tanto que perder.

Y sobre todo, señor Boada, como más vale prevenir que curar, la próxima vez que miles de personas salgan a la calle para poner en jaque al sistema y denunciar unos recortes sociales sin precedentes en la historia catalana reciente; la próxima vez que el 15-M le pida que no sea partícipe del flagrante ataque contra los derechos de las clases populares y los más desfavorecidos; haga usted el favor de escuchar, señor Boada, obedezca a su supuestamente base social y, ese día, quédese en casa.