Mes: Novembre de 2009

Mujeres y crisis: entrevista en Diagonal

 

Entrevista publicada en Diagonal, Martes 24 de noviembre de 2009.  Número 113-114

DIAGONAL: ¿Cómo afecta esta crisis a las mujeres?

SANDRA EZQUERRA: En este momento, en general, estamos peor situadas para soportar la destrucción de empleo y la crisis, ya que no contamos con las mismas oportunidades económicas, laborales y sociales que los hombres. Además, nuestra cobertura por desempleo es más de 20 puntos porcentuales inferior a la de los hombres, ya que, como resultado de la precariedad y discriminación laboral que sufrimos, cotizamos menos y generamos menos derechos contributivos. Por otro lado, cuando nos encontramos en el paro, recibimos cantidades en forma de subsidios significativamente inferiores a las que reciben los hombres. Pasamos más tiempo en el paro que ellos, y el aumento del desempleo femenino se ha incrementado en todas las edades y perfiles de formación.

D.: ¿Qué realidades están detrás de los datos sobre el aumento del paro en relación al empleo femenino?

S.E.: Al principio de la crisis, sobre todo entre otoño de 2008 y la primavera de 2009, los medios destacaron que ésta estaba teniendo un impacto mayor sobre los hombres que sobre las mujeres. El estallido de la burbuja inmobiliaria, las deslocalizaciones y los ERE masivos en la industria, explican la aceleración que se dio del incremento del desempleo entre los hombres y los recortes de las diferencias entre paro masculino y paro femenino. A pesar de ello, es importante tener presente que la tendencia de crecimiento del paro empezó por ciertos sectores económicos, pero se ha ido haciendo extensiva cada vez más al conjunto de la sociedad. A partir de primavera, se empezó a visibilizar la crisis del sector servicios, muy afectado por la contracción de la demanda, y es donde existe el mayor porcentaje de mujeres ocupadas. La destrucción de empleo en este sector, caracterizado por sus altas tasas de precariedad y temporalidad, se ha intensificado con el final del verano, y esto tiene, y seguirá teniendo, un impacto dramático sobre miles de mujeres trabajadoras.

D.: ¿Por qué aseguras que ha crecido la sobreexplotación de las mujeres?

S.E.: Desde nuestra incorporación masiva al mercado laboral, las mujeres hemos sufrido una mayor vulnerabilidad que los hombres a causa, entre otros factores, de nuestra identificación histórica como responsables de las tareas domésticas y de cuidado. Dicha identificación ha condicionado nuestra presencia en el mercado laboral, ha permitido el mantenimiento de la doble jornada y potenciado el desarrollo de una sobreexplotación específica. Con ello, quiero decir que los hombres continúan teniendo una participación más alta en el mercado laboral y las mujeres continuamos sufriendo la precariedad, el subempleo y la discriminación laboral de manera más acusada. Por ejemplo, las mujeres inmigradas son una mayoría aplastante en el sector del trabajo doméstico, donde las oportunidades de movilidad laboral son inexistentes y que sigue regulado por un obsoleto Real Decreto 1424/1985 que ni siquiera garantiza derecho a paro.

Las mujeres estamos muy concentradas en trabajos como la limpieza, el telemárketing, el teletrabajo, la hostelería, servicios, etc. En sectores con un alto porcentaje de contrataciones temporales y a tiempo parcial, lo que significa trabajos mal remunerados y con poca cobertura social. Por ejemplo, más del 80% de las personas asalariadas con jornada parcial son mujeres y en más del 90% de estos casos, la razón es la necesidad de cuidar a un niño o un familiar en situación de autonomía restringida.

La insuficiencia de recursos públicos para la atención a la infancia y a la “dependencia” obliga a cientos de miles de trabajadoras a reducir su jornada laboral o a pedir permisos no retribuidos, lo cual comporta una disminución de su salario. Como hemos podido averiguar, los contratos a tiempo parcial, parte importante de las políticas neoliberales de flexibilización, tienen un impacto negativo en las condiciones de trabajo, en las prestaciones de jubilación y desempleo y en la trayectoria profesional y personal de la trabajadora.

Aunque durante los últimos 25 años la tasa de ocupación de las mujeres en el Estado español ha aumentado, continuamos estando infrarrepresentadas en puestos cualificados y de dirección, y seguimos concentradas en sectores que presentan altas tasas de flexibilidad y precariedad laboral. Esta segregación se traduce en diferencias retributivas importantes entre hombres y mujeres.

D.: ¿Qué papel tiene la crisis de cuidado en la crisis general?

S.E.: Lo que se viene a llamar la crisis de cuidado es resultado de distintas dinámicas sociales, demográficas y políticas. El envejecimiento de la población española y la incorporación de la mujer al mercado laboral no se ha visto acompañado por una respuesta por parte de los Estados que ayude a llenar el vacío de cuidado o atención que esta entrada ha generado. La crisis económica está afectando a la inversión en servicios sociales públicos y a la salud de la población en general. Esto no hará otra cosa que profundizar la crisis del cuidado gestada durante décadas de raquítico gasto social. De hecho, el gasto público en jardines de infancia en el Estado español ya es el más bajo de la UE, y leyes como la de la Dependencia no acaban de despegar por falta de presupuesto. Además, la Ley de Dependencia no cuestiona la división sexual del trabajo.

En general, estas tendencias agudizan la exclusión social creada por las tendencias privatizadoras de los últimos años, y suele descansar sobre los hombros del trabajo no remunerado de las mujeres por dos razones.

Primero, porque como principales responsables de la salud y el bienestar de las familias somos las que más sufrimos los recortes sociales, ya que multiplican nuestras responsabilidades de cuidado y limitan nuestra capacidad de conciliar vida personal, familiar y laboral. Por otro, todo ello nos ubica en una situación de desventaja en el mundo laboral. También cabe destacar que los recortes sociales se apoyan de manera importante sobre el trabajo de las mujeres inmigrantes, que llegan al Estado español para llenar el vacío de cuidado que la incorporación de las mujeres autóctonas al mercado laboral crea, así como la debilidad del Estado de bienestar.

D.: ¿Cómo afectan a las mujeres las medidas anticrisis puestas en marcha por las diferentes instituciones?

S.E.: Las medidas diseñadas por el Gobierno han sido destinadas principalmente a paliar los efectos de la crisis en sectores económicos marcadamente masculinos. De los más de diez mil millones de euros que se han destinado a crear empleo, el grueso ha ido al sector de la construcción, que ocupa a menos de un 2% de las mujeres. En los proyectos que se han financiado no se ha impuesto, por ejemplo, ninguna obligación referente a la presencia de mujeres en las contrataciones. Además, como medidas anticrisis se han estado prolongando las prestaciones de desempleo entre 90 y 120 días para las personas afectadas por expedientes de regulación cuando menos de un 20% de las personas afectadas por ERE han sido mujeres.

Entre frivolidad y negligencia

Versió en català aquí

J.M.G. amenazó y persiguió a su ex-novia, adolescente como él, para que volviera con él. En su intento de reanudar la relación, J.M.G. presionó a la joven llamándole incesantemente al móvil cada día, presentándose en su academia, gritando y golpeando la puerta e increpando de forma intimidatoria a sus conocidos. Además de todo esto la abordó ante su domicilio gritándole “que se iba a enterar” y le arrebató el móvil para averiguar “con quién había estado”. Al no conseguir la reacción deseada, se tiró al suelo y se arrastró por la calzada.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Santander condenó a J.M.G. a una multa de 60 euros por una falta de amenazas y coacciones de carácter leve. También le ha prohibido acercarse a la joven durante seis meses. El mismo Juzgado, no obstante, le ha absuelto del delito de violencia de género porque considera que un “enamoramiento propio de adolescentes”, sin proyecto de futuro, no puede equipararse a la relación de pareja que exige el Código Penal [1].

No sabemos mucho de la vida de J.M.G. Sabemos que es menor. También sabemos que, ante un “rechazo amoroso” reaccionó con violencia verbal, agresividad, amenazas, intimidación, chantaje y coacción. Lo que me ha llamado la atención de este caso es que el juez, vista la corta edad del muchacho (y de la víctima), le ha quitado importancia: Cosas de niñxs.  Sin embargo, lo que hace que el juez a mi parecer relativice este episodio es precisamente lo que a mí me hace verlo como especialmente preocupante. ¿Qué pasa? ¿Que los adolescentes, por el hecho de serlo, no pueden herir? ¿No pueden matar? ¿Acaso no se convertirán un día en adultos que se moverán por el mundo en base al conocimiento y experiencia acumulados desde niños?

Parece claro que J.M.G. aprendió en algún(os) sitio(s) que podía mantener a su lado a una pareja utilizando la fuerza. Dudo que una multa de 60 Euros y una orden de alejamiento vayan a hacerle cambiar de visión así como así. Lo que hizo es violencia de género y el juez, pero particularmente J.M.G., deberían haberlo entendido así. Con esto no estoy abogando necesariamente por una pena más dura para este joven, sino que planteo la necesidad de, independientemente de la edad del agresor, llamar a las cosas por su nombre. Sólo así podemos cambiarlas. Vistos los métodos que J.M.G. ha utilizado para abordar la ruptura de su relación, ¿qué nos hace pensar que utilizará otros cuando se encuentre en una relación con “proyecto de futuro” y que ya no sea fruto de un “enamoramiento propio de adolescentes”? ¿Qué está haciendo en este caso el estado y la sociedad para asegurarse que J.M.G. desaprenda lo aprendido? ¿Qué estamos haciendo para que aprenda otras cosas, otras formas, otras lógicas? ¿No podría haber sido este caso una oportunidad muy valiosa para trabajar con este joven la cuestión de las relaciones de género y las violencias que a menudo se derivan de ellas?

La sentencia constituye, a mi parecer, una frivolidad como mínimo sino una negligencia. No podemos ya borrar lo que J.M.G. le hizo a su ex-pareja, pero sí que habríamos estado a tiempo de prevenir lo que él, y muchos jóvenes como él, les podrían hacer en el futuro a las jóvenes y mujeres que han de conocer y “querer”. ¿A qué esperamos?

[1] Información extraída de Público del 20 de noviembre (pàgina 30)

Bibiana Aído llegeix Interseccion[e]s

Us reprodueixo aquí un article d’aquest matí a Público que explica que finalment el consum d’alcohol i drogues no seran considerats agravants en els delictes de violència de gènere. Malgrat que no s’explica el per què de la retirada de la proposta de la Subcomissió, i ignorem si les  seves raons coincideixen amb les nostres, trobem el canvi positiu. Després de dubtar-ne durant mesos, finalment ens queda clar que Bibiana Aído llegeix Interseccion[e]s.  Què, si nó, els hauria fet repensar-s’ho? En general, la Comissió d’Igualtat del Congrés aposta en l’actual context de canvi de la legislació entorn la violència masclista, per reformes menys repressives del que s’esperava inicialment. Malgrat que caldrà analitzar les propostes a fons, entendre les seves lògiques i les seves possibles conseqüències, cal destacar que la intensificació o no del càstig en aquest tipus de delictes ha estat un motiu de divisió dins el si del moviment feminista durant les últimes dècades. Havent vist les polèmiques més recents entorn les reformes de la llei de violència de gènere, queda clar que el debat segueix viu.

Carn de canó per una altra entrada.

Drogas y alcohol no agravarán la pena por maltrato

La comisión de igualdad se limita a proponer que dejen de ser atenuantes

P.R. Madrid. La Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados retiró ayer la propuesta aprobada por la subcomisión la semana pasada para que el consumo de alcohol y drogas fuera considerado un agravante en los delitos de violencia de género. Finalmente, en el texto aprobado ayer por unanimidad se pide únicamente que no se considere atenuante ni eximente, y no menciona nada sobre el agravante.

Los diputados se mostraron sorprendidos por el “impresionante recorrido mediático”, como aseguró unas de las ponentes socialistas, Francisca Medina, de la medida aprobada la semana pasada. Y a pesar de rectificar una parte de la propuesta, los grupos insistieron en que la bebida y las drogas “nunca sean una justificación para el maltrato”. Otro de los puntos que también sufrió modificaciones fue la propuesta de que los agresores con una condena firme perdieran la patria potestad y se les suspendiera el régimen de visitas a los hijos. Lo que los grupos decidieron ayer es que la condena firme conlleve la pérdida de la custodia y que el régimen de visitas quede suspendido cuando “se utilice la relación con los hijos para seguir ejerciendo violencia contra la mujer, o cuando los hijos revivan con miedo las situaciones padecidas cuando están en compañía del agresor”.

En la práctica, en caso de que el Gobierno asuma las recomendaciones de la Comisión y decida iniciar una reforma, serán los jueces los que decidan si suspenden el régimen de visitas. En opinión de la diputada de CIU, Mercè Pigem, de esta manera se flexibiliza la propuesta para “adecuarla al derecho que tiene el menor de mantener una relación con sus progenitores”. El texto definitivo contiene medio centenar  de recomendaciones para mejorar la lucha contra la violencia de género.

Article publicat a Público el dimecres 18 de novembre, 2009 (pàgina 32)

¿Dejarán de maltratar o pasarán a hacerlo sobrios?

violencia machista1Nos contaban esta mañana en la edición impresa de Público que la subcomisión de Igualdad pide explícitamente “que la exposición a los efectos de bebidas alcohólicas o a las drogas no debe contemplarse como circunstancia atenuante o de eximente” en los delitos relacionados con la violencia de género. Hasta ahí todo bien. Encuentro inaceptable que se presente el “consumo excesivo” de alcohol o drogas como excusa o coartada para evitar asumir responsabilidad por haber ejercido violencia, de cualquier tipo, hacia otra persona. Sea quién sea. No obstante, las recomendaciones de la subcomisión no se quedan ahí y, en lugar de limitarse a reivindicar la asunción de responsabilidades por parte de los agresores machistas independientemente de que estuvieran borrachos o no, pide que en los delitos relacionados con la violencia de género, de manera similar a los cometidos contra la seguridad vial, el consumo de alcohol y de drogas sea considerado un agravante. Según la (oficialista) Asociación de Mujeres Juristas Themis, “el consumo de alcohol y drogas se introdujo como agravante en los delitos relacionados con la seguridad vial, porque se vio como una manera de concienciar a los conductores, y está dando buenos resultados”. Parece ser que se espera que pase lo mismo con el maltrato de mujeres.

De esta manera, se aplica la lógica de introducir una medida represiva para lanzar un mensaje a la sociedad: de la misma forma que se dice que el endurecimiento de las penas en el contexto de la seguridad vial ha derivado en una mayor concienciación y responsabilidad en la carretera, se supone que el agravamiento de las penas que incluyen consumo de alcohol y otras drogas en el contexto de la violencia de género tendrá también un impacto positivo. Yo llevo todo el día preguntándome sobre este supuesto impacto positivo: ¿de qué estamos hablando? Si esta medida consigue mandar un mensaje a la sociedad, ¿quiere decir esto que los “maltratadores” dejarán de beber alcohol? Si es así, ¿directamente dejarán de maltratar? ¿o simplemente pasarán a hacerlo sobrios? Si beber alcohol (ni siquiera ser alcohólico) actualmente no es un delito, ¿cómo se justifica que se convierta en agravante en situaciones de violencia?

Seamos serios. Sin entrar aquí en la polémica sobre el alcohol como agravante en la seguridad vial, creo que es bastante evidente que la relación causa-efecto en este caso no es analógica ni traducible a la del plano de la violencia machista. Mientras que el consumo de alcohol tiene un impacto directo sobre mi capacidad de estar despierta, atenta, de reflejos y de reacción en un coche, no se puede decir lo mismo en el caso de la violencia machista. Aunque está comprobado que el consumo de alcohol y drogas puede, en muchos casos, actuar de detonante de una agresión, la relación entre X (alcohol o drogas) e Y (agresión) no es de causa-efecto. Es decir, el alcohol no es lo que convierte a un hombre en agresor sino lo que le “puede permitir” en situaciones determinadas ejercer una agresión. Si cayéramos en el (fácil) ejercicio de considerar el alcohol como causa estaríamos liberando a la sociedad de la responsabilidad y deber de examinar las ideologías y prácticas patriarcales que hacen que miles de hombres consideren normal o aceptable agredir a una mujer (bastaría con culpar al vino). Y, cómo no, de la responsabilidad y deber de transformarlas. En lugar de desarrollar estrategias y destinar recursos a reexaminar las relaciones patriarcales que organizan nuestra sociedad y que son el germen de la violencia machista, la Ley Integral contra la Violencia de Género y el estado proponen endurecer las penas en torno a detonantes o factores de riesgo para supuestamente reducir el fenómeno (la violencia machista) del que dichos detonantes ni siquiera son la causa.

Estamos, de esta manera, ante una situación doblemente absurda. Por un lado, presenciamos de nuevo la falacia legal de que un aumento de la represión y del castigo pueden en realidad actuar de preventivos. Por otro lado, se castigan hechos que ni siquiera explican (por lo menos por sí solos) la violencia machista, sino que en determinadas ocasiones pueden hacerla estallar y que en la mayoría de los casos no están relacionados con ella. Eso sí, es mucho más sencillo punir el consumo de alcohol que el patriarcado. Pero puestos a agravar, ¿por qué no se pone el gobierno a agravar las penas de violencia de género en base a la situación socioeconómica de la pareja? ¿Por qué no la agravan en los casos de situaciones de dependencia por parte de la mujer que le impide abandonar una situación abusiva? ¿Por qué no lo hacen cuando se da con mujeres inmigrantes en situación irregular que aguantan por miedo a que se las devuelva a sus países? ¿Por qué no lo hacen cuando se da entre jóvenes que no hacen más que imitar y reproducir los estereotipos de dominación y subordinación diseminados desde los medios de comunicación, las escuelas, etc.?

Pues porque si lo hicieran no sólo tendrían que reconocer que algo va mal, muy mal, sino que, inevitablemente, el foco del debate se desplazaría de las “conductas desviadas” de un puñado de violentos a las razones estructurales tras la violencia machista. Y esto, claro está, incluiría un debate, y un cuestionamiento, de las medidas político-económicas que provocan situaciones de estrés y crisis económica en miles de parejas; de las políticas (o su ausencia) que imposibilitan la independencia  y autonomía económica y social (y todas las clases de autonomía que se pueden derivar de éstas) de las mujeres respecto a los hombres; de una Ley de Extranjería que hace que las mujeres inmigrantes en el Estado Español sean “ciudadanas” de segunda y tercera clase; de unos medios de comunicación y un sistema educativo que reproducen y promueven cada día la legitimidad del sistema capitalista patriarcal. Hablar de estos factores, entre muchos otros, obligaría al gobierno a centrar el debate en torno a algunos de los principales males de la sociedad en el Estado español en la actualidad y, cómo no, a escuchar reivindicaciones y propuestas de soluciones que, lejos de agravar las penas de cuatro infelices borrachos, se referirían a la necesidad de sacudir el sistema, el mismo sistema que el gobierno gestiona, subvenciona y legitima, de arriba abajo.

Ya me imagino el titular en Público: “los efectos de las políticas perpetuadoras del capitalismo y el patriarcado aprobados por unanimidad en el Congreso como agravantes de la violencia machista…”. Eso sí que lanzaría un mensaje.