laboral

Luchas de segunda?

Sindillar

Sandra Ezquerra. Por mucho que nos empeñemos en ser políticamente correctos, no deberíamos hacernos los remolones a la hora de reconocer que tanto entre la izquierda política como entre los movimientos sociales sigue habiendo luchas de primera y luchas de segunda. Buen ejemplo de ello son las a menudo poco concurridas manifestaciones a favor del derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo o la escasa presencia de persona autóctonas en las movilizaciones a favor de los derechos y libertades de las personas de origen inmigrantes. Cuando combinas “marginalidades” la cosa se complica y el caso de las trabajadoras del hogar y cuidadoras en el Estado español, casi todas ellas provenientes de países de fuera de la Unión Europea, es paradigmático.

No me detendré hoy a hacer un análisis en profundidad de la enorme importancia que, a pesar de su invisibilización, el trabajo doméstico y de cuidados tiene en nuestra sociedad. Sí que me gustaría, no obstante, sumarme a las voces de muchas compañeras que llevan tiempo exigiendo que los derechos humanos, sociales, laborales, políticos y económicos de las personas que lo realizan tengan un lugar central en el trabajo de sindicatos y otros movimientos sociales. Afortunadamente, las mujeres del sector no han esperado a que se tome en consideración su situación desde otros espacios activistas, y se auto-organizan para defender sus derechos y denunciar los abusos que sufren cada día. Sindillar es un buen ejemplo de ello.

Una cosa que me está resultando muy interesante de mi estancia en Estados Unidos es no solo la capacidad de las trabajadoras del hogar y las cuidadoras de organizarse y generar sus propios espacios de lucha sino también el gran trabajo que han hecho a la hora de construir alianzas con otros colectivos sociales que, a pesar de que a veces se les presentan como rivales, deberían ser esenciales compañeros de viaje. Un ejemplo de ello es la campaña lanzada por la National Domestic Workers Alliance llamada Caring Across Generations, en la que básicamente se explicita que tanto trabajadoras del hogar y del cuidado como personas mayores u otras personas en situación de autonomía restringida comparten la absoluta negligencia del Estado en relación a los derechos laborales, servicios sociales, prestaciones sanitaria y garantías de dignidad de colectivos sociales particularmente vulnerables. La pregunta que llevo haciéndome desde que llegué a Nueva York es, a parte de seguir trabajando en generar alianzas con el  movimiento sindical y otros movimientos sociales, por qué no apostar por impulsar una entre las personas proveedoras de cuidados y las personas que los reciben? Por qué no denunciar juntos y juntas los recortes sociales, laborales y en derechos y libertades compartidos. No seriamos muchos más? No seriamos más fuertes?

Una franquicia de cuerpos y afectos

Sandra Ezquerra | Catalunya Plural. Mi amiga Marta me contaba hace días su intención de impugnar una convocatoria de una administración pública por considerarla discriminatoria hacia las mujeres y, particularmente, hacia las que son madres. Marta no sólo es amiga mía sino que también trabajamos juntas en la universidad. Las y los que nos encontramos en ese ámbito laboral nos vemos sometidos a una enorme presión para producir de manera constante: producir artículos, producir libros, producir proyectos, producir interminables líneas en nuestro Currículum Vitae. Nuestro futuro y estabilidad laboral dependen de ello y, a menudo, nos encontramos trabajando por las noches, durante los fines de semana o en períodos vacacionales para conseguir estar a la alturas de las exigencias de las agencias de calidad universitaria. Éstas, de manera similarmente caprichosa a las de la calificación de la deuda, deciden de manera periódica si lo que hacemos tiene suficiente rigor y valor. Son sus veredictos los que, en parte, nos ayudan (o todo lo contrario) a tener acceso a recursos para hacer aquello para lo que fuimos contratados, investigar, y a la vez seguir engordando el saco sin fondo de los méritos que, quizás (sólo quizás) nos pueden mantener alejados del paro y la precariedad.

En los últimos años Marta ha sido madre de dos hijos y sostiene que, al no tomar en consideración los “agujeros negros” que la maternidad suele generar en las trayectorias profesionales de las mujeres investigadoras, la convocatoria nos ubica de manera indirecta, aunque automática, en una situación de desventaja respecto a nuestros colegas hombres: hay un período en nuestro recorrido laboral en el que se nos considera improductivas, perpetuándose así un escenario universitario donde ellos tienen una presencia desproporcionada como catedráticos y en posiciones de gestión, dirección y prestigio mientras que nosotras nos vemos con frecuencia relegadas a lugares periféricos y precarios.

Mientras le expresaba a Marta mi apoyo, no podía evitar pensar que su relato trasciende con creces el ámbito universitario y es paradigmático de lo que está sucediendo en el conjunto de nuestra sociedad. En un momento en el que se nos intenta convencer de que finalmente hemos alcanzado la igualdad de género, casos como el suyo son claros recordatorios de los retos a los que las mujeres, y particularmente las madres con un trabajo asalariado, nos enfrentamos en nuestro día a día. Los vivimos como luchas individuales pero en realidad tienen mucho que ver con cómo nuestras existencias se ven configuradas por las contradicciones de un sistema económico que nos necesita en el mercado laboral pero no duda en relegarnos a jornadas parciales, contratos temporales y sectores precarizados. También tienen que ver con unas políticas públicas que, mientras por un lado nos animan a hacer crecer las patrias tasas de fertilidad (recordemos el famoso cheque bebé de Zapatero o las declaraciones de Javier Arenas promoviendo nuestra permanencia en nuestros hogares), promueven a su vez nuestra incorporación inestable en el trabajo remunerado sin garantizar de manera paralela la creación de servicios públicos que nos ayuden a conciliar las distintas esferas de nuestras vidas. Los recortes en políticas sociales, sanitarias y educativas nos obligan a pasar más horas que nunca cuidando de los y las que nos rodean y los permisos de paternidad siguen sin ser equiparables a los de maternidad. La posibilidad de una vejez digna deviene cada vez más remota ante las exigencias de demostrar cada vez más millones de horas cotizadas sin que nadie plantee el interrogante de, si la población en general ya tendrá en los próximos decenios serias dificultades para satisfacer los requisitos impuestos por las interminables reformas del sistema de pensiones, ¿qué otra opción queda para las madres que elijan (o se vean obligadas a) tomar un empleo que convertirse en súper-mujeres e intentar no morir en el intento?

Ya es profundamente injusto que nuestros “méritos” laborales (un ascenso, una consolidación, etc.) se vean perjudicados de manera sistemática por el mero hecho de que la biología nos permite traer a este mundo seres humanos y alimentarlos con nuestro cuerpo. El hecho de que todo ello tenga tan grave impacto en nuestros derechos, no obstante, resulta inaceptable. Pese a lo que pueda parecer, la respuesta no yace en tener más facilidades para aparcar a hijos e hijas en guarderías, escuelas de verano o en casas de abuelos, y mucho menos en renunciar a la maternidad en aras de mantener nuestra salud y aspirar a una vida profesional.

El problema es complejo y, por ende, la solución también lo debe ser: si los hombres se implicaran en similar medida que las mujeres en cuidar de aquellas personas próximas que lo necesiten, avanzaríamos en dos cuestiones: disminuirían las probabilidades de que las mujeres cayeran de manera sistemática en situaciones de desventaja o discriminación en el ámbito laboral y el trabajo de cuidado pasaría a ser distribuido de manera más equitativa en el marco de los hogares. Pero eso no es todo. Si las jornadas y expectativas laborales que se nos imponen a todos y todas se vieran reducidas hasta convertirse en razonables, no sólo no nos veríamos obligadas y obligados a robar presencia y energía a nuestras familias para destinarlas a nuestro empleo, sino que podríamos asumir, todas y todos, nuestras responsabilidades de cuidados sin tener por ello que convertirnos en permanentes malabaristas del tiempo. Finalmente, si los cuidados pasaran a ser concebidos de incumbencia pública y colectiva, las mujeres podríamos dejar de ser esclavas de nuestro caprichoso destino biológico y participar libremente y de manera igualitaria junto a los hombres en los múltiples ámbitos de nuestras vidas. Todo ello comportaría que las mujeres (y también muchos hombres) pasáramos de ser sedes de franquicias invisibles de cuerpos y afectos a ser, por el mero hecho de existir, sujetos de derechos. Como comportaría también que mi amiga Marta presentara su recurso ante la administración pública y lo ganara.

Artículo publicado en Catalunya Plural el 20/9/2014

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“Reconèixer el treball de cures duria el capitalisme a fer aigües”

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Entrevista de Meritxell Rigol a Sandra Ezquerra a La Directa 334, pp. 4-5; Fotografies: Enric Català

Financera, econòmica, laboral, social… L’habitual llista de qualificatius que ressona, a dreta i esquerra, per definir el que la sociòloga Sandra Ezquerra titlla –ras, curt i consistent– de crisi sistèmica manté invisibilitzat un prefaci de la fallida financera que n’evidencia l’arrel estructural. La dificultat creixent per tenir cura, cuidar-se o ser cuidada, així com l’impacte de la crisi de les cures en el precariat femení, és una peça del panorama que queda fora del pla d’anàlisi. La gestió neoliberal de la crisi econòmica ha aguditzat la repercussió del fenomen sobre la qualitat de vida de les dones i, alhora, ha delatat com els governs es recolzen en el manteniment d’un segon sexe per mimar políticament el capital. Per Ezquerra, transformar l’economia i les relacions de gènere són reptes democràtics que exigeixen una relectura de la crisi sota la lent del feminisme, que inclou la “insostenibilitat de la vida” entre els atributs de l’esclat. És en aquesta direcció que l’experta en polítiques socials i laborals defensa que comprendre el fons de l’escenari actual passa per incorporar a la narració econòmica les línies escrites fora dels mercats.

Per llegir entrevista sencera premeu a aquí: Miralls_Ezquerra_334

Aquí no se jubila nadie

Pensiones

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Sandra Ezquerra | Público Mi madre planeaba jubilarse a mediados de enero. Cumplió 63 años el 1 de este mes y, a pesar de haber cotizado durante 39 y haber cuidado a su familia durante muchos más, había hecho las paces con la reducción del 15% que el Estado infligía a su pensión por jubilarse de manera anticipada. Harta de los recortes laborales a los que su sector, la sanidad pública catalana, se ha visto sometido en los últimos años, había optado por una pensión menguada a cambio de mejorar su calidad de vida y dedicarse, hasta que la salud se lo permitiera, a incrementar sus actividades de voluntariado. El 28 de diciembre, no obstante, tras la comparecencia de Mariano Rajoy, descubrió amargamente que deberá esperar como mínimo dos años más. Muy a su pesar, el 16 de enero mi madre seguirá yendo a trabajar.

Mi padre en cambio fue uno de esos sesentañeros de quiénes una gran multinacional se deshizo hace unos años tras calcular que le resultaba más rentable mandarlo a casa con educadas palmaditas en la espalda mientras sustituía a su generación por un ejército de jóvenes quienes, no por hiperpreparados, políglotas y con múltiples MBAs resultan menos baratos de contratar o despedir. En el momento de jubilarse, la vida laboral de mi padre ascendía a más de 40 años y sospecho que ésa es la razón por la que, cuando durante estas fiestas navideñas una familiar de unos 30 le dijo, no sin cierto desdén, que ella trabaja para pagar su pensión (la de mi padre, no la suya), no se lo tomó demasiado bien.

La verdad es que a mí tampoco me habría hecho demasiada gracia. Mi padre ha sufragado de sobras su propia jubilación y además ha contribuido a costear la sanidad, educación y muchos otros derechos de mi generación durante nuestra infancia y juventud precaria. Plantearlo de este modo ayuda a romper con los perversos mitos sobre cargas parasitarias que el Gobierno nos vende sobre la supuesta insostenibilidad derivada del aumento de la tasa de dependencia. Invita a pensar a su vez que si hablamos de dependencia también deberíamos referirnos a la que el sistema financiero tiene, por ejemplo, de las cotizaciones de mi madre y mi padre, entre muchos otros, y del trabajo invisible de muchas mujeres que permite que otras personas sean “productivas”, sin olvidarnos de los recortes sociales y deuda pública resultantes de tanto rescate bancario. La pregunta clave aquí es ¿Quién debe a quién y quién depende de quién?

Volviendo a la familia, después estoy yo: hija del babyboom, generación X o precaria, como cada uno guste. Nos vendieron la idea de que si nos formábamos viviríamos mejor que las y los vástagos de la postguerra. Sin embargo, nos hemos plantado más allá de los 30 con innumerables becas, contratos basura y no-contratos a secas sobre las espaldas. Nos hemos reinventado decenas de veces sólo para contemplar exasperados que, ante las casi cuatro décadas que nos van a hacer falta para jubilarnos de manera razonablemente digna, podemos contar nuestros años cotizados con los dedos de una mano. Es decir, o bien nunca nos jubilaremos o bien lo haremos para seguir engrosando las bolsas de pobreza. Por no hablar, claro está, de la generación que viene detrás de la mía. Con una tasa de paro del 52,34% entre los y las más jóvenes de 25 años y casi 300.000 personas en esa franja de edad que ni estudia, ni tiene empleo, ni está en el paro, ¿cómo no se va a hablar de juventud sin futuro? ¿Acaso no les están robando el presente y los sueños también?

Como se los están robando a los millones de personas de origen no comunitario que vinieron a este país buscando vidas mejores pero que, con un 37,50% de tasa de desempleo, ven cómo la miseria se cuela por su puerta mientras la posibilidad de un retiro respetable se les escapa por la ventana. ¿Y quién se acuerda de los más de 9 millones de mujeres en el Estado español en situación “inactiva”, más de un tercio de las cuales están cuidando de sus familias? ¿O de las 1.850.100 mujeres ocupando empleos a jornada parcial por razones de discriminación de género o para atender también responsabilidades familiares? ¿Y de las 1.280.000 personas en paro que llevan un año buscando empleo o las 1.746.200 que llevan dos? ¿Y de los más de dos millones de personas que dependen de prestaciones asistenciales y no contributivas para sobrevivir o de las 626.900 familias sin ningún miembro con ingresos en la actualidad? ¿Acaso alguno de ellos va a poder acercarse siquiera remotamente a los 37 años de cotización antes de cumplir los 80?

Las respuestas a estos e infinidad de otros interrogantes yacen en el legado del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero y en la enésima mentira criminal de Mariano Rajoy. El primero fue el padre intelectual del pensionazo y el segundo lo ha implementado y endurecido. Los dos pueden además presumir de haber aprobado sendas reformas laborales, las cuales, no sólo nos condenan a más precariedad y pobreza, sino que a su vez hacen aún más inalcanzables los recién estrenados requisitos para la jubilación.

Aunque pueda parecer que todo esto no es más que otro gol que han conseguido colarnos desde que estalló la crisis, no es así. Sin querer restar importancia a ninguno de los recortes que venimos sufriendo en los últimos años, las contrarreformas del sistema de pensiones son paradigmáticas de un cambio social integral en toda regla. Si bien los cada vez más dudosos expertos de la troika y sus siervos en la Moncloa intentan confundirnos hablándonos de medidas dolorosamente inevitables, insostenibilidad y despilfarro, lo que en realidad está en juego es la cada vez más plausible posibilidad de que las élites económicas salgan ilesas de una crisis que ellas mismas han creado; y que lo hagan a costa del empobrecimiento profundo e irreversible tanto de las personas que son mayores hoy como de las que lo seremos algún día.

O bien ofrecemos una respuesta contundente a este ataque sin precedentes o bien a este paso, como mi madre, como los jóvenes, como tantas mujeres, como tantas personas inmigradas o en paro, como tantas familias, como millones más… aquí, señores, no se jubila nadie. De todos nosotros depende.

Artículo aparecido en Público.es el 3/1/2013

Mujer, no te jubilarás en tu puñetera vida

sin nosotras no se mueve el mundoSandra Ezquerra|eldiario.es

Isabel tiene 72 años. Se jubiló a los 66 después de haber trabajado durante 18 en una finca de Barcelona, donde limpiaba la escalera y algunas viviendas. Este empleo fue su única opción para obtener ingresos sin dejar por ello de cuidar a sus hijos y a su suegra. Durante todo ese tiempo Isabel estuvo cotizando por una jornada laboral equivalente a cuatro horas semanales. Al presentar la solicitud de jubilación en el año 2006, ésta le fue denegada ya que, según la Seguridad Social, con las horas cotizadas no sumaba el período mínimo de 15 años requeridos para una pensión contributiva. En realidad, según el método utilizado para calcular las pensiones, Isabel sólo había cotizado tres años y para poder acreditar los 15 años que le hubieran dado acceso a una prestación de jubilación de 112,93 euros al mes debería haber trabajado 100 años. En estos momentos vive de una pensión de viudedad de aproximadamente 600 euros.

En respuesta al caso de Isabel, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó la semana pasada que la normativa española sobre pensiones discrimina a los y las trabajadoras asalariadas a tiempo parcial, en su mayoría mujeres, ya que les exige un periodo de cotización proporcionalmente superior al del resto de contribuyentes. Debido a que las mujeres ocupamos una gran mayoría de los puestos de trabajo con jornada parcial, los obstáculos que nos impone la ley para obtener una pensión suponen una discriminación, aunque indirecta, por razón de sexo: a pesar de que la ley está redactada de manera neutra, afecta a muchas más mujeres que hombres y, por tanto, es contraria a la legislación sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa, en estos momentos prácticamente el 75% de los empleos a tiempo parcial están ocupados por mujeres. Además, de las personas que en la actualidad trabajan entre 1 y 9 horas semanales, el 66% son mujeres, y en el caso de jornadas entre 10 y 19 horas semanales las mujeres sumamos el 67% del total. Del total de personas contratadas a tiempo parcial, entre las que lo están para cuidar de niños o personas adultas enfermas, mayores y/o con autonomía restringida, el 96% somos mujeres; de las que tienen otras obligaciones familiares o personales, las mujeres sumamos el 94,3%, y de las que no consiguen encontrar un empleo a jornada completa, las mujeres constituimos un 71,16%. Estos datos, así como la historia de Isabel, nos obligan a realizar tres reflexiones.

En primer lugar, efectivamente, tal y como viene denunciando la economía feminista desde hace tiempo, y como reconoce ahora el tribunal europeo, la responsabilización histórica y presente de las mujeres del trabajo doméstico y de cuidados explica en gran medida nuestra concentración en empleos precarios, incluyendo los de jornada parcial, y, a su vez, muestra nuestra mayor dificultad para acceder a derechos sociales como una jubilación digna o prestaciones de desempleo en igualdad de condiciones que los hombres. Y no vale decir que eso está cambiando con las nuevas generaciones porque, si bien es cierto que esta segregación de jornadas se da de manera más agudizada entre las personas más mayores, en la actualidad casi un 80% de las personas entre 35 y 39 años de edad contratadas a tiempo parcial son mujeres. Dicho de otro modo: no es tanto una cuestión generacional como que cuando las mujeres empiezan a asumir responsabilidades de cuidado pierden de manera importante presencia en el mundo laboral.

Ante este escenario, quizás las leyes no siempre nos discriminan directamente pero, como resultado de su indiferencia hacia las desigualdades de género reproducidas cada día en la sociedad, sitúan a las mujeres en una posición de extrema fragilidad ante políticas que, cabe decirlo, socavan cada día más los derechos y el bienestar del conjunto de la ciudadanía. Sin ir más lejos, la prestación diaria por desempleo de las mujeres (25,68 euros) es un 15,6% inferior a la de los hombres (30,42 euros). Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, además, el número medio anual de días de recepción de la prestación por desempleo es, en el caso de las mujeres, un 10% menor que el de los hombres. Las mujeres, a su vez, somos receptoras únicamente del 41,1% de las prestaciones contributivas por desempleo y, en cambio, sumamos el 64,67% de personas beneficiarias de la Renta Activa de Inserción y el 86,2% de pensiones asistenciales. En el caso de la población extranjera, las mujeres reciben un alarmante 35,16% de las prestaciones por desempleo y tan solo el 33,6% de las que son contributivas.

En segundo lugar, cabría preguntarse sobre las razones que nos sitúan en una situación de desventaja, las cuales, en mi opinión, pueden encontrarse en el ámbito de lo político, lo económico y lo ideológico. Si bien el Estado ha contribuido históricamente a perpetuar las desigualdades sociales de género, dicho papel se profundiza en el actual contexto de crisis y, no solo se diseñan políticas contrarias (tanto directa como indirectamente) a los intereses de las mujeres (supresión de escuelas infantiles públicas, eliminación de la prestación para madres trabajadoras, privatización de los servicios de atención a las mujeres víctimas de género, etc.) sino que se congelan o erradican las que podrían contribuir a la reducción de nuestra discriminación. El rechazo de los gobiernos del PSOE y del PP a ampliar el permiso de paternidad sería un buen ejemplo de ello. El mercado laboral, por otro lado, se sigue resistiendo a promover la conciliación laboral, personal y familiar de las mujeres trabajadoras asalariadas, así como la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y promueve jornadas laborales cada vez  más precarias y volátiles. En último lugar, en el terreno cultural se sigue atribuyendo a las mujeres la responsabilidad del cuidado y, de esta manera, se normaliza nuestra exclusión del mercado laboral y de numerosos derechos laborales y sociales. A corte de ejemplo, según los datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo, sigue existiendo una diferencia de género importante en la participación en el trabajo no remunerado de 17 puntos porcentuales (74,7% los hombres y 91,9% las mujeres). En lo que se refiere al trabajo doméstico, el tiempo dedicado por las mujeres continúa superando al de los hombres en más de dos horas.

En tercer lugar, sabiendo que la discriminación de la que seguimos siendo víctimas en el ámbito familiar refuerza nuestra vulnerabilidad en la arena laboral, y aceptando que esta tensión dialéctica se ve reforzada a diferentes niveles que van desde lo económico a lo político pasando por lo ideológico, considero imprescindible que nos planteemos dos últimos interrogantes. Por un lado, ¿Quién, qué y cómo decide que las mujeres hemos venido al mundo para cuidar y, como resultado, a ser ciudadanas y trabajadoras asalariadas de segunda? Y por el otro, ¿Quién, qué y cómo decide que los derechos sociales se derivan exclusivamente de participar formalmente en el mercado laboral conocido como productivo?

No sólo es dramático que Isabel se quedara sin pensión por ocupar el único tipo de empleo y jornada que le permitía seguir desempeñando el rol de cuidadora que la sociedad tan amablemente le impuso por el mero hecho de nacer mujer, sino que lo es aún más que esta misma sociedad no reconozca como fuente de derechos trabajos tan importantes como el cuidado de las personas pequeñas, enfermas o mayores; trabajos, no olvidemos, que, ante el desmantelamiento del Estado de bienestar dirigido por los mismos políticos que reforman la ley de las pensiones, las mujeres volvemos a cargar sobre nuestras espaldas tengamos 36 años como una servidora o 72 como Isabel. A este paso, no nos engañemos, no nos jubilamos en la puñetera vida. Ni trabajando 37 años ni trabajando cien.

Articulo publicado en el diario.es el 1/12/2012

Traducció al català aquí