– Opiniones sesgadas disfrazadas de hechos

Versió original en català aquí

Sandra Ezquerra|Públic [1] Los vecinos de Santa Caterina, en Barcelona, ​​estamos acostumbrados a una gran presencia policial en nuestro barrio. Nuestras calles son frecuentes escenarios de identificaciones y detenciones de jóvenes dominicanos o magrebíes, entre otros. Los indignados de la asamblea del barrio, que nos reunimos cada semana en el Forat de la Vergonya, nos hemos dirigido más de una vez a los y las agentes de la Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra para expresar nuestro malestar por la excesiva presencia de las fuerzas policiales en la zona y por lo que consideramos acciones exclusivamente dirigidas a vecinos de origen inmigrante. Hace unas semanas un mosso d’esquadra justificó sus hábitos con la aserción de que “en nuestro país la mayoría de delitos son cometidos por inmigrantes”. La afirmación del agente llegaba poco después de que se hicieran públicas las declaraciones del conseller d’Interior en las que aseguraba que “la mitad de los presos en las instalaciones penitenciarias en Catalunya no son de nacionalidad española”.

No es ningún secreto que en el imaginario colectivo a menudo se relaciona inmigración con inseguridad ciudadana y delincuencia. Una investigación del CIS del año 2009 sobre actitudes hacia la inmigración indicaba que más de un 30% de la ciudadanía atribuye los dos fenómenos a la población extranjera. Numerosos estudios, sin embargo, desmienten la existencia de una correlación entre estas variables. Según datos de los Ministerios de Interior y Trabajo, aunque entre 2002 y 2010 se triplicó la población inmigrada en España, la tasa de criminalidad no dejó de disminuir. Además, en claro contraste con las afirmaciones del conseller Puig y el agente de los Mossos d’Esquadra antes mencionado, la población reclusa extranjera en España también se ha reducido en la última década y el año 2010 constituía sólo un 35, 6% del total frente al 64,4% de presos autóctonos. Según datos de Unitat contra el Feixisme, la mayoría de detenciones de personas de origen inmigrante son fruto de una situación administrativa irregular y no de una actividad delictiva, y datos del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona indican que a las personas de origen inmigrante se les aplica prisión preventiva con más frecuencia que los autóctonos. Por otra parte, su cumplimiento de penas es más duro al no poder pagar la responsabilidad civil del delito.

Si bien es profundamente preocupante que, ignorando la existencia de datos que apuntan lo contrario, la ciudadanía tienda a identificar a las personas inmigradas con delincuencia e inseguridad, la propagación y perpetuación de esta visión por parte de la clase política y las llamadas fuerzas de seguridad resultan absolutamente inadmisibles. Estos últimos no sólo faltan a la verdad cuando atribuyen las supuestamente altas tasas de criminalidad a la presencia de extranjeros en nuestro país sino que además reproducen el estereotipo racista del otro en tanto que amenaza y peligro. Sus sesgadas opiniones, disfrazadas de datos objetivos, no difieren mucho de la voluntad de Plataforma x Catalunya de solucionar los problemas de inseguridad mediante expulsiones masivas o la flamante xenofobia de García Albiol al afirmar que ciertos colectivos de extranjeros vienen a Catalunya a delinquir.
El recurso del conseller Puig al ya agotado estereotipo de la inmigración inherentemente delictiva, sin embargo, encaja perfectamente en la lógica de las políticas del Govern catalán. El mito de la alteridad amenazadora se erige como cortina de humo y justificación de los graves recortes en casi todas las partidas presupuestarias excepto la de los Mossos d’Esquadra o, entre otras medidas, el endurecimiento del acceso de la población extranjera a numerosas prestaciones sociales.

Incluso en el caso de que el porcentaje de delincuencia entre los colectivos de inmigrantes superara el de su presencia en Catalunya, ¿no tendría eso algo que ver con la severidad con que los golpea la crisis, con la discriminación sociolaboral que sufren cada día y con la vulnerabilidad vital resultante de una ley de extranjería cada día más represiva? Así, si la conflictividad social en Catalunya realmente está aumentando, la solución no radica en un incremento de las fuerzas policiales en nuestros barrios y nuestras ciudades sino en una defensa y mejora de la Renta Mínima de Inserción, los servicios sociales y otras medidas contra la pobreza, la marginación y la exclusión social. Las desigualdades sociales no se han resuelto nunca con policía y la inmigración, a menudo chivo expiatorio de esta crisis, no es una excepción.

[1] Artículo aparecido en el diario Públic el 21 de octubre de 2011, pág. 5

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