Ante los nuevos ataques contra los Servicios Sociales: defendamos lo común, expandamos las luchas, construyamos alianzas

Versión en catalán aquí. El ayuntamiento de la Seu d’Urgell (Alt Urgell, Lleida), gobernado por CIU, ha anunciado que a partir del mes de octubre los usuarios y usuarias de los servicios sociales municipales deberán realizar “tareas para la comunidad” como requisito para poder seguir recibiendo ayudas. La medida afectará a todas aquellas personas que en la actualidad reciben algún tipo de ayuda para cubrir sus necesidades básicas como la alimentación o el pago de facturas de la vivienda como el agua o la luz. Estas personas, cuya cifra el ayuntamiento estima que asciende a unas 300, tendrán que trabajar para la administración local una hora por cada 15 euros que reciban en concepto de “ayuda social”. Esta medida, avalada por el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell y, entre otras instituciones, la Asociación Catalana de Municipios, supondrá, según sus impulsores, “una innovación de los servicios sociales” que evitará la “dependencia crónica de las ayudas públicas”.  Algunas de las tareas a realizar consistirán en participar en las brigadas municipales de limpieza o jardinería, organizar el material en las bibliotecas, acompañar a personas en el transporte adaptado o ayudar en las perreras municipales. Desde el ayuntamiento de la Seu d’Urgell han declarado que una decena de ayuntamientos catalanes han mostrado interés por esta iniciativa.

A pesar de que la medida resulta pionera en Catalunya, en términos generales no constituye ninguna novedad. A mediados de los años 90 ya fue introducida en Estados Unidos por el entonces presidente Bill Clinton y, más recientemente, el Partido Popular ha anunciado la posible introducción de actividades en el sector público como requisito para recibir el subsidio del desempleo.  Frente a los aplausos de una parte importante de la clase política catalana y española ante este tipo de iniciativas, querría expresar mi profunda preocupación por lo que me parece que es una propuesta peligrosísima que tiene como premisa una lógica perversa y atroz.

La propuesta de hacer pagar o trabajar a las personas como requisito para recibir ayudas sociales constituye otro intento de estigmatización de estas personas. Se las presenta como “dependientes” y “parasitarias” y se las obliga a agradecer la caridad pública mediante su trabajo, su actividad física y su tiempo. Conceptos que los políticos profesionales tanto gustan de incluir en sus programas electorales como “cohesión social” y “autonomía” resultan así cada vez más vacíos de significado real y derivan en sinónimos de “individualismo” y la “ley de sálvese quien pueda”.  Los principios de solidaridad y responsabilidad colectiva desaparecen del imaginario político, mediático y, como resultado, cada vez más del social. Ante este golpe de timón ideológico, que ignora que si existe relación de dependencia ésta es generada por los recortes, los despidos y los desahucios, y ante la obsesión histérica de la clase política por la eficiencia, hemos de responder que los servicios sociales no se tocan porque precisamente constituyen el último cojín de seguridad de muchas y muchos ante las brutalidades de un sistema precisamente basado en la eficiencia a todo precio, la acumulación de beneficio y la competitividad.

En vez de invertir recursos públicos en la generación de empleo público (incluyendo los servicios sociales) como respuesta a la virulenta crisis ahoga al 99%, las administraciones no sólo recortan cada vez más servicios y ayudas, sino que además utilizan a las receptoras de dichas ayudas para ahorrarse contratar a personas y poder reducir así las tasas de paro. Las condiciones de estas personas deberían ser además, sin ningún tipo de duda ni ambigüedad, laborales. Es decir, el Estado tapa los enormes boquetes que sus salvajes políticas de austeridad generan con lo que perfectamente puede ser llamado (teniendo en cuenta la obligatoriedad existente y el hecho que las personas beneficiarias de ayudas sociales reciben dinero en calidad de ayuda social y no de salario) trabajo esclavo. Y si alguien cree que exagero ¿qué tipo de categoría administrativa ocuparán estos nuevos ayudantes de jardinería y biblioteconomía? ¿Serán becarios? No, porque su actividad no les reportará ningún beneficio formativo. ¿Serán trabajadores o trabajadoras asalariadas? En ese caso el dinero que reciban debería ser en forma de prestación contributiva y debería ser generador de derechos tales como el desempleo o la pensión de jubilación. ¿Serán voluntarias? No creo tampoco, ya que el ayuntamiento de la Seu d’Urgell no les da opción de negarse si no quieren perder las ayudas que están recibiendo. Los profundos recortes sociales, de esta manera, van de la mano de una hiperflexibilización del mercado laboral y una eliminación de las posibilidades que las personas tienen de negarse a trabajar en condiciones de extrema explotación.

Hasta el momento los Servicios Sociales han sido los grandes ausentes en las luchas contra los recortes efectuados por los gobiernos del Partido Popular, Convergència i Unió i, entre otros, el PSOE. Este silenciamiento no es casualidad ya que este sector atiende a los sectores sociales más vulnerables y difíciles de organizar política y socialmente: personas mayores, personas en situación de autonomía restringida, personas de origen inmigrante, personas con enfermedades mentales, etc. A pesar de ello, es urgente situar los recortes y ataques contra los Servicios Sociales en el centro de nuestra lucha de igual manera que ubicamos la Sanidad, la Educación o los derechos laborales. Y es urgente hacerlo no sólo porque constituyen el último colchón y muro de contención del más remoto enclave de miseria, pobreza y sufrimiento que habita en nuestras comunidades, sino sobre todo porque su privatización y desaparición como los hemos conocido hasta ahora constituye el próximo paso en el virulento ataque que las clases dominantes están ejerciendo contra las clases populares.  La salida capitalista a la actual crisis descansa en gran medida sobre el retorno de la responsabilidad pública de las administraciones hacia la reproducción y el cuidado de vuelta a las familias y el mercado. Estamos, de esta manera,  ante un nuevo cercamiento de los comunes que mercantiliza y re-hogariza la responsabilidad colectiva y lo que hasta hace poco tiempo se llamaba solidaridad.

Defendamos lo común, expandamos las luchas, construyamos alianzas: entre trabajadoras de la acción social y personas en situación de autonomía restringida, entre cuidadoras familiares y personas desahuciadas, entre cuidadoras contratadas y trabajadoras en paro. Luchemos en las calles pero batallemos también los conceptos, las categorías y los enunciados: frente a eficiencia, servicios de calidad; frente a explotación, empleo digno para todas y todos;  frente a la privatización de los servicios sociales, alternativas que busquen el bienestar del planeta y el 99%; frente a la inevitabilidad de la austeridad, el no pago de deuda. ¿Por qué no? Es lo más “eficiente”.  Somos muchas más que ellos. Estamos muchísimo más cabreadas.

Y tenemos razón.

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