Ante la reforma laboral y el gélido frío de febrero, volvamos al calor de la lucha

Las portadas de los periódicos, las redes sociales, las tertulias radiofónicas y los programas televisivos vienen hoy todos cargados de información, celebraciones y, sobre todo, enérgicos rechazos de la recién aprobada reforma laboral del nuevo gobierno. En líneas generales la “extremadamente agresiva” reforma constituye el ataque más lesivo contra los derechos de los y las trabajadoras asalariadas del Estado español en los últimos 40 años: el gobierno instaura el despido casi gratuito, rebaja la indemnización por despido a 20 días por año trabajado en la mayoría de los casos, reduce el tope de mensualidades a cobrar en caso de pérdida de empleo, elimina el requisito de autorización de la Autoridad Laboral de los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), limita severamente la cobertura de los convenios colectivos y pone en peligro la estabilidad laboral de trabajadores y trabajadoras en la función pública.

Si bien todas estas medidas constituirán, como cínicamente afirma Soraya Sáenz de Santamaría, “un antes y un después” en la regulación del mercado laboral, la reforma laboral introduce otro elemento que, a riesgo de ser  invisibilizado tras las duras agresiones en torno al despido y la negociación colectiva, debería ser también objeto principal de análisis y, cómo no, de crítica. Me refiero al “impulso” que el gobierno se dispone a dar a que las personas en situación de desempleo realicen servicios “de interés general en beneficio de la comunidad” mediante convenios de colaboración con las administraciones públicas.

La apuesta de hacer a las personas receptoras de prestaciones públicas trabajar por ellas no es nueva: fue la esencia de la cruda reforma del estado del bienestar de Bill Clinton en 1996 y desde entonces se ha introducido en las regulaciones sociales y laborales de no pocos países occidentales. El objetivo práctico es sencillo, reducir los costes presupuestarios de las alarmante tasas de desempleo y hacer que las personas en paro trabajen para justificar la ayuda recibida. El objetivo ideológico no podría ser más contraproducente para las clases trabajadoras: consolidar la noción neoliberal del y la desempleada como insostenible carga al erario público y culpable de su propia desdicha. Así, esta medida concreta es profundamente perversa en varios sentidos:

En primer lugar, independientemente de los eufemismos utilizados por el gobierno, significa que se hará trabajar a personas en situación de desempleo para justificar la recepción de una prestación que han pagado ampliamente con anterioridad mediante su participación y cotización en el mercado de trabajo remunerado. Lo que no queda claro son las condiciones laborales y de trabajo bajo las que estas personas llevarán a cabo sus tareas. Por otro lado, resulta de vital importancia recordar que las personas paradas no reciben ayudas caritativas de las administraciones públicas sino que obtienen una prestación económica proveniente de la suma de las cotizaciones de todas las cotizaciones, incluidas la suya, de las personas asalariadas en la economía formal. Con la reforma laboral los y las trabajadoras pagarán por su propio paro dos veces: mediante sus cotizaciones pasadas y  mediante los “servicios” que se vean obligadas a ofrecer para poder obtener la prestación.

En segundo lugar, el gobierno anuncia que las personas desempleadas realizarán “servicios de interés general en beneficio de la comunidad”. Dejando de lado la verborrea oficial, este tipo de servicios es lo que hasta hace poco toda hija de vecino llamaba estado del bienestar, el mismo estado de bienestar que la clase política lleva años desmantelando. De esta manera, no sólo se eliminan derechos y apoyos públicos cada día en nombre del crecimiento económico y la llamada crisis de la deuda retornando la responsabilidad de garantizarlos de manera gratuita al seno de las familias, sino que además, a partir de ahora, las mismas familias que se han visto obligadas a hacer mil malabarismos para compensar la pérdida de apoyo público, se encontrarán en la situación de que alguno(s) de su(s) miembro(s) sin empleo tiene(n) que trabajar para pagarse el paro realizando servicios que, como resultado de los recortes, ha(n) dejado de recibir.

En tercer lugar, esta medida va encaminada a incrementar el ejército de reserva de trabajadores y trabajadoras. La incorporación de personas paradas, previsiblemente en una situación de alta vulnerabilidad “laboral”, a “servicios de interés general” conllevará el despido de trabajadores y trabajadoras de la función pública que en estos momentos realizan estos servicios y/o compensará, de manera gratuita para la administración, los despidos masivos de este tipo de profesionales llevados a cabo en los últimos años y que en el futuro próximo, sin lugar a dudas, el gobierno pretende incrementar. De esta manera, los y las nuevas componentes del ejército de reserva son obligadas a competir con otros y otras trabajadoras por empleos, salarios y otras condiciones laborales. Ello sólo puede derivar en una encarnizada pugna fratricida en el seno de la propia clase trabajadora, así como su amansamiento, con efectos dramáticamente negativos en las condiciones de empleo de todas y todos.

La perversión de la reforma está clara. Lo que no lo está tanto es el calibre de nuestra respuesta. Quizás el otoño que tenía que ser tan tórrido acabó siendo decepcionante, pero el cambio de estación se acerca. El frío gélido de febrero anuncia la cercanía de la primavera, y la brutalidad glacial de las políticas del Partido Popular sólo puede ser contrarrestada por el calor de la lucha.

¿A qué estamos esperando?

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